M. D.
Madrid
El optimismo ha durado poco dentro en el seno de la industria farmacéutica. Tras el buen sabor de boca que despertó el anuncio del en ese momento vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de inyectar de 8.000 millones de euros para Sanidad en los presupuestos de 2012, los representantes de las principales organizaciones del sector lamentan la decisión de la Consejería de Salud de Andalucía de tramitar vía decreto medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico y establecer concursos públicos de medicamentos.
En este sentido, desde la Consejería de Andalucía se considera que esta medida es necesaria para mantener la cobertura y prestaciones actuales. Así, el proyecto afirma que además de garantizar estos servicios al ciudadano “se hace frente a las obligaciones y compromisos presupuestarios”.
Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones dentro del sector, que si bien se mantiene a la expectativa a falta de una confirmación institucional, rechazan la iniciativa por estimar que provocará inequidad en el acceso a los medicamentos, ruptura de una unidad de mercado y una invasión en las competencias de la Administración Central.
A este respecto, desde la patronal española de laboratorios genéricos, Aeseg, su director general, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, adelantó que si el proyecto de decreto puesto en marcha por la Consejería de Sanidad que dirige María Jesús Montero se desarrolla en la forma y contenido al texto al que han tenido acceso “podría haber visos de ilegalidad”. ¿En qué materias? Según Rodríguez de la Cuerda, en la fijación de precios de referencia, descuentos y márgenes, así como en la Ley de libre Competencia.
Esta idea también es compartida por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), desde donde, al igual que desde Aeseg, no descartan emprender las medidas o recursos legales que estén en sus manos. “Lo están analizando los servicios jurídicos”, precisó María Láez, directora técnica de Fenin.
Por su parte, desde la patronal de la industria innovadora española, Farmaindustria, lamentaron que la Junta de Andalucía “no considere la sanidad como una prioridad para sus ciudadanos”. A este respecto, desde Farmaindustria se precisó que el decreto “cercena el acceso a los andaluces a cientos de medicamentos cubiertos por la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”.
Las tres patronales ven en las subastas andaluzas este decreto generará inequidad entre los ciudadanos españoles, además de una situación que, tal y como advirtieron desde Aeseg, “perjudica a todos los agentes del sector”. Unos daños que desde esta patronal consideraron que sufrirían en vano, ya que “no tendrá ningún beneficio económico para el ciudadano”.
Con Aeseg coincide Farmaindustria, que estimó que “en ningún caso se va a conseguir solucionar las tensiones presupuestarias del SNS”. Una tarea que para esta patronal “no pasa por recortes sino por allegar más recursos financieros al sistema”. Además, Farmaindustria alerta de las graves consecuencias que para la industria supondrá “ver discriminados y expulsados sus productos del mercado andaluz”.
Por otra parte, desde Fenin, critican la calificación de “denominación genérica” que el decreto hace en relación a los productos sanitarios. “El término no es riguroso porque aquí no hay principio activo que establezca su denominación genérica”, explicó Láez. “Para ello, previamente habría que hacer un estudio técnico científico pormenorizado que lo probase”, aclaró, al tiempo que criticó que se facultase a los centros sanitarios andaluces para la entrega directa de los productos sanitarios y dietéticos a sus pacientes”.
