c. r. / E. m.
Ciudad
O lo tomas, o lo dejas. Al final, todos lo han tomado, pero el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado la semana pasada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha recibido aplausos y abucheos por igual, amén de casi ninguna cifra concreta más allá de esos 11.000 millones de euros adicionales que se distribuirán de forma gradual hasta 2012. Lo cierto es que tras más de cien reuniones e incontables contactos telefónicos, el reparto de esos fondos, el 10 por ciento del total, es una incógnita. Economía no ha querido darlo a conocer, y ha delegado esta responsabilidad en las comunidades autónomas. Pero algunas no parecen tener claro de cuánto dinero se habla. Tanto es así que la suma de las cifras aproximadas que han dado (ver tabla) superan ya, y sin contar las de Madrid, los 11.000 millones de euros.
Es también, por tanto, una incógnita la cantidad de dinero total que se destinará a la sanidad. La mayoría de las consejerías de Sanidad guardan silencio hasta que los datos se clarifiquen. “Que el Estado tenga en cuenta la sanidad, la educación y los servicios sociales, que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, es un cambio sustantivo. Es la primera vez que estos puntos del Estado del bienestar quedan dentro del pacto de financiación”, destaca la consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli.
También la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, calificó de “gran noticia” que de los 11.000 millones adicionales que van a recibir las comunidades, “cuatro de cada cinco euros” (el 80 por ciento) se destinen a sanidad, políticas sociales y educación. La satisfacción del ministerio es doble, pues considera recogidas las propuestas articuladas en el Consejo Interterritorial: que se tuviera en cuenta la insuficiencia financiera que existía en Sanidad y Política Social y que se incluyeran criterios como el envejecimiento, el número de habitantes, la insularidad o la dispersión geográfica.
Reparto desigual
Efectivamente, todas estas variables han sido ponderadas en la propuesta de Elena Salgado, aunque sobre ellas hay opiniones para todos los gustos. Incluso dentro de las comunidades gobernadas por el PSOE. Son las que han dado al modelo financiero el sí más absoluto, aunque no hayan faltado críticas veladas, como la del presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, que ha reconocido que le hubiera gustado que se hubiera tenido más en cuenta en el reparto el peso del envejecimiento y la dispersión, factores que beneficiaban a Extremadura. Es el mismo argumento que algunas comunidades del PP esgrimen en sus críticas al modelo.
Los gobiernos de Castilla y León y Galicia creen que el nuevo sistema les hará perder peso en el reparto en beneficio de las comunidades más pobladas. A esta afirmación se agarran también otras regiones como Madrid y la Comunidad Valenciana. A pesar de que sin duda salen beneficiadas con la priorización (y actualización anual) del criterio poblacional, ven el reparto del Gobierno “antisocial” y poco igualitario.
Su crítica se centra en dos comunidades —Andalucía y Cataluña—, que son las que se llevarán la mitad del montante económico adicional planteado en la propuesta de financiación, mientras que el resto de comunidades de régimen común se tiene que repartir el 50 por ciento restante. A las autonomías del PP no les salen las cuentas. “La cuantía que en principio recibirá la Comunidad Valenciana asciende a 1.300 millones, muy alejados de los 2.400 reclamados por el Consell”, dice el consejero de Sanidad, Manuel Cervera.
Calculadora en mano, el razonamiento de Murcia es similar: si Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, va a recibir 3.855 millones, entonces a la Región le deberían corresponder 770 millones por sus 1,5 millones de habitantes. En cambio, la propuesta del Ejecutivo ronda los 510 millones de euros hasta el año 2012.
Madrid dice no disponer de datos, aunque su consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, asegura que la reforma del sistema “elimina a unos 900.000 ciudadanos en la financiación sanitaria”. Por ello, ha pedido la inmediata rectificación de las bases estadísticas del documento aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el caso de la variable de la insularidad tampoco parece haber acuerdo entre las islas. Mientras el Gobierno balear ha asegurado que la comunidad es una de las más beneficiadas, pues la sitúa en la media estatal de financiación per capita. Se cumple así el objetivo que esta comunidad se marcó para recortar los 21 puntos por debajo de la media en los que se situaba con el actual modelo. Canarias, en cambio, afirma que con el nuevo reparto, se aleja aún más de la media estatal. La Consejería de Sanidad exige una revisión del peso de esta variable, y se pregunta además cuál va a ser el futuro del Fondo de Cohesión.
Al Congreso
El nuevo sistema fue aprobado con los votos a favor de las comunidades gobernadas por el PSOE, además de Cantabria, Canarias y Ceuta, y la abstención del resto. Superado este trámite, la propuesta pasa ahora al Congreso de los Diputados, donde las regiones esperan conseguir alguna de sus reclamaciones.
En cuanto a la abstención de las comunidades del PP —una manera de beneficiarse del reparto monetario sin dejar de criticarlo—el Gobierno ha preferido ver el vaso medio lleno, y vende el nuevo modelo con el lema de que no ha recibido ningún voto en contra.
