el Global Madrid | viernes, 10 de enero de 2014 h |

Tras semanas de preparación, Castilla y León recurrió el copago hospitalario apelando a la premura. El escrito judicial, formalizado el 27 de diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incluía la petición de suspensión como medida cautelarísima “por tratarse de circunstancias de especial urgencia”. Si bien la sala ya ha admitido a trámite el recurso, no ha apreciado una especial urgencia que obligue a paralizar cautelarmente la medida en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) antes de que llegara a aplicarse.

La solicitud de Castilla y León se presenta a título individual, pero con impacto colectivo, pues lo que se defiende es la igualdad de todos los usuarios del SNS. Sus principales argumentos, al margen de considerar que la resolución de la dirección general de Farmacia es nula de pleno derecho al haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente y por carecer del rango normativo exigido, giran en torno a esta idea.

Según la Junta, el hecho de que no exista certeza de que el pago se implante en todas las comunidades, y a la vez, romperá el principio de igualdad. También insiste en las desigualdades que generaría entre las comunidades (dado que tampoco se han aclarado las cuestiones técnicas imprescindibles para su aplicación “efectiva y homogénea”) y de cara a los pacientes, debido a las distintas aportaciones en función del medicamento elegido “pudiendo influir incluso en los criterios de selección del médico en función de la situación económica de cada paciente”.