Primero fueron los medicamentos. La semana pasada llegaron los productos ortoprotésicos y los dietoterápicos. Tras exportar el copago farmacéutico a estas otras dos patas de la cartera suplementaria, la primera parte de la reforma sanitaria de Ana Mato solo está pendiente del consenso con las comunidades en la adopción de criterios comunes para el transporte no urgente (única área de la cartera suplementaria que está sin perfilar) y del cambio en la cartera de servicios. La mezcla de estos ingredientes convirtió la semana pasada al Senado en un campo de batalla con el copago y los recortes como arma arrojadiza.
Inevitablemente, el debate estuvo marcado por las nuevas medidas incluidas por el Consejo de Ministros en productos ortoprotésicos y dietoterápicos, incluidas las futuras aportaciones de los usuarios, que según el Ministerio de Sanidad proporcionarán ahorros de 53 y 55 millones de euros, respectivamente. Mal caldo de cultivo para allanar un debate sobre la cartera común. La moción, que instaba a modernizarla y actualizarla “de forma permanente”, se aprobó con por 147 votos a favor y recibió la abstención de PNV y CiU y el voto en contra del resto de la oposición.
La actualización de la cartera preocupa a los grupos por varios motivos. La postura general es partidaria de modernizar la cartera básica común ante las evidencias científicas, incorporando los procedimientos y las técnicas más novedosas y a protocolizar como una prueba de gran valor. Las líneas rojas vienen marcadas por las circunstancias económicas, tanto de las propias comunidades como de los ciudadanos. De cara a las primeras, la preocupación radica en la posibilidad de que el peso económico de nuevas incorporaciones a la cartera se traslade íntegramente a las autonomías. De cara a los segundos, es rotunda la postura unánime de la oposición: no al recorte de los servicios, ni a la exclusión de ninguna prestación de servicio público.
Este temor rodea especialmente a los tratamientos de fertilidad, los cribados, la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, la genética y los implantes oftalmológicos, áreas en las que trabajan los grupos de expertos que evalúan la cartera.
Los incumplimientos de las promesas electorales del PP, con el fantasma del copago a la cabeza, llevó a Entesa Catalana de Progrés a incluir una enmienda con el objetivo de blindar la cartera de esos ajustes. La propuesta cayó en saco roto por la oposición del PP. “¿Cómo vamos a mantener algo que estamos evaluando cuando algunas de las técnicas llevan ya cuarenta años que ni se practican, que son obsoletas, y ustedes quieren que pongamos que permanezcan y no se retire ninguna? Totalmente absurdo”, señalaba el portavoz de Sanidad del PP en el Senado, Jesús Aguirre.
Euro por receta
No obstante, si algo demuestra la difícil tesitura en la que se encuentran algunos grupos es el debate del euro por receta. Días después de que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, asegurase que su grupo parlamentario es contrario a esta medida, la formación en el Senado votó la semana pasada en contra de una moción presentada por la Entesa y transaccionada con el PSOE que instaba, entre otras medidas, a suprimir el doble copago farmacéutico que tiene Cataluña con el euro por receta, a través de un acuerdo con la Generalitat, así como impedir la implantación del doble copago en otras comunidades autónomas.
La senadora de Entesa Barcelona, Mònica Almiñana, trasladó la moción al grupo mayoritario como “la gran oportunidad” del PP de demostrar su oposición a la medida, en línea con lo dicho días antes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y denunció que el euro por receta genera “fractura social”, además de no moderar el consumo. “Hay algunos fármacos que resulta más económico pagarlos —aquellos que valen menos de 1,67 euros— que ir a buscar una receta, porque entonces te cuesta dos euros y medio. Es decir, que no es que estemos disminuyendo el consumo de fármacos”.
CiU, que se desmarcó de la moción esgrimiendo las competencias del Gobierno regional, volvió a defender la tasa como medida racionalizadora del gasto farmacéutico: “Ya se ha traducido en resultados. De hecho cada euro que se ingresa supone un ahorro de tres euros en gasto farmacéutico”, dijo la portavoz de Sanidad, María Teresa Rivero. Tanto CiU como PNV se abstuvieron en la votación (rechazada con 166 votos en contra) de la moción a la que se presentaron otras enmiendas de los grupos de PP y de CiU que no fueron aceptadas por el grupo proponente.
