| viernes, 16 de diciembre de 2011 h |

Atado de pies y manos. Así votará el Parlamento andaluz esta semana, en el último pleno del año, el Decreto-ley de Medidas Urgentes de Farmacia que permitirá abrir en enero la primera subasta de medicamentos. La consejera de Salud andaluza asegura que el cambio normativo viene motivado por el RDL 9/2011 y la obligatoriedad de prescribir por principio activo. El PP tiene un punto de vista muy distinto. Su portavoz de Sanidad en el Parlamento, Ana María Corredera, acusa a María Jesús Montero de haber “fulminado el margen de maniobra” y de actuar “con nocturnidad, alevosía y de forma muy interesada”.

El pasado 13 de diciembre, tras el consejo de Gobierno, Montero dio buena cuenta de la regulación que se trae entre manos desde hace un año: la de las polémicas subastas, que calificó de “rompedora, responsable e innovadora”. Tres días después, el Boletín Oficial de Andalucía recogió el texto, que pese a llevar muchos meses en tramitación no incluye apenas cambios. El grupo parlamentario popular hizo mención a este asunto en una tensa interpelación sobre política farmacéutica.

El PP acude esta semana al pleno con la intención de pedir que el proyecto se tramite como ley, dado que es lo único que permitiría presentar enmiendas. Pero aunque este improbable supuesto ganara por mayoría, no habría manera de llevarlo a cabo, ya que, a no ser que se habilite el mes de enero para celebrar algún debate extraordinario, no habrá más plenos antes de que se disuelva la cámara como paso previo a las elecciones autonómicas de marzo.

No es la única razón que, según el PP, ha llevado a la consejería a optar por la vía del decreto-ley. Corredera asegura también que “se ha hecho para pillar con el pie cambiado” al sector, que ahora tiene mucho más difícil presentar sus recursos. Es más, a pesar de la convocatoria de elecciones para marzo, los socialistas podrían, como responsables en funciones, seguir desarrollando el decreto.

A todo ello se une que la situación pilla a un Gobierno de la Nación en plena transición. No cabe suponer que en la lista de prioridades de Mariano Rajoy estén las subastas de Andalucía. Y ello a pesar de que el PP cree que hay motivos para pensar en una doble invasión de competencias. Por un lado, en relación a las bonificaciones. Por otro, en relación a la libre competencia. La obligación que el decreto traslada a las compañías de acreditar la garantía de provisión “margina”, según Corredera, a las más pequeñas.

El decreto-ley

Los motivos de la consejería vuelven a apoyarse sobre el peso que el gasto farmacéutico supone sobre el total de la factura sanitaria. La media es de un 14,7 por ciento para los países de la OCDE y de un 21,04 para ciento para España. En Andalucía, comunidad que presume de emitir, después de diez años, el 88 por ciento de sus recetas por PPA, el porcentaje se sitúa en torno al 22 por ciento. La conclusión, para Montero, es obvia: “Es una partida que tiene que ser objeto de estudio y profundización para obtener márgenes de mejora”.

El debate en el Parlamento también aclaró el objetivo de ahorro. Montero había hablado de entre 40 y 200 millones, aunque ella solo se había referido a los tres primeros subgrupos que serán sometidos a la primera subasta bianual: los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria (47).

El ahorro sobre estos productos será de 40 millones. Los 200 llegarán, previsiblemente, si la subasta se abre a todo el abanico posible de fármacos. Asimismo, Montero destacó que, al producir retornos de los laboratorios, los márgenes de la farmacia y la distribución no se verán afectados. No obstante, las bonificaciones en los principios activos afectados (sobre todo en los de mayor venta como atorvastatina, omeprazol, clopidogrel, esomeprazol, lansoprazol, ácido acetilsalicílico, pantoprazol y simvastatina) seguramente desaparecerán ante un escenario de un único proveedor.

La regulación aborda también la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios, que se iniciará con los absorbentes para la incontinencia urinaria. En esta línea, se impulsará también que los pacientes puedan recibir a domicilio los productos que necesiten, bien porque no pueden desplazarse o porque requieren soporte nutricional enteral o dietoterapéutico en casa.

Asimismo, se extenderá la factura informativa, que actualmente funciona en 34 hospitales, a las farmacias. Los tiques de compra detallarán el coste asumido por el sistema sanitario público andaluz.

Cuando la PPA no era obligatoria, Andalucía lo hizo. Ahora que es obligatoria, Andalucía ha quitado de su Ley de Farmacia la mención a la PPA para acogerse a la nueva disposición de la Ley de Garantías, que permite excepcionalmente prescribir marcas. Este es uno de los pocos cambios que se han introducido en el decreto de subastas, que guarda un caramelo envenenado para las compañías: si el precio menor de referencia para un medicamento seleccionado cambiara durante el plazo de vigencia del convenio (dos años), el laboratorio deberá ajustar el precio para mantenerlo igual o por debajo del nuevo precio menor, “sin que ello pueda afectar a la cuantía de la mejora económica que venía realizando al SAS”. Si el laboratorio se negase a aceptar esta pérdida de beneficios “sería causa de resolución del citado convenio”.