La suspensión temporal durante cinco meses de las subastas de medicamentos andaluzas, ante el recurso presentado por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional, satisface los deseos de la farmacia andaluza, firme opositora a una medida que considera inconstitucional. Un problema menos, de momento, piensa el colectivo ante el parón de esta medida autonómica. Y es que, en estos tiempos en los que las farmacias son conscientes de que se avecinan nuevos recortes desde el Ejecutivo Central, que las subastas de medicamentos no hayan entrado inmediatamente en vigor supone, al menos, un respiro.
“Lo que no se puede hacer es que cada comunidad autónoma tome las medidas que quiera y que, a su vez, el Estado tome otras medidas adicionales, que es lo que ha pasado en Andalucía”, defendió el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez. Por ello, consciente de la necesidad de abordar el déficit y el gasto público, instó a que el Consejo Interterritorial decida medidas comunes y que el Gobierno las haga suyas. “Si existe finalmente una subasta nacional, ya veríamos qué haríamos con ella”, añadió Pérez.
De hecho, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) ya presentó un recurso de alzada contra la resolución por la que se convocaba la primera subasta de medicamentos al que la Junta de Andalucía debía contestar, independientemente del proceso emprendido de forma paralela por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Y así lo hizo denegando los argumentos expuestos por el colectivo de farmacéuticos.
Entre los argumentos expuestos por las boticas contra esta medida destaca la falta de competencias, la inequidad que genera en la prestación de servicios farmacéuticos con el resto de comunidades autónomas o la restricción de la competencia entre los laboratorios. “Exige un mínimo de producción anual y además el mantenimiento durante dos años de esa producción excluyendo a laboratorios que no tienen esa capacidad de producción o no pueden asumir ese compromiso”, argumentó el presidente del COF de Málaga, Javier Tudela.
Más contundencia
Aunque si hay que poner algún “pero” a la actuación del Gobierno respecto a las subastas, Tudela, consideró que este debía haber ido un paso más allá y haber recurrido ante el Tribunal Constitucional, además de la resolución por la que se convocaba la primera licitación, el decreto por el que se aprobaron las subastas. “Que hayan atacado la solución no me ha parecido tomar el toro por los cuernos. La resolución estaba cantada, porque está claro que el gerente de un Servicio de Salud no tiene competencias para ello, pero tendrían que haber atacado el decreto”, defendió.
No obstante, Tudela hubiera preferido que la solución partiera de un Consejo Interterritorial antes que terminar en los tribunales. “Es una medida que o la toma el Estado o no se debe permitir por el Gobierno Central”, sostuvo el presidente de los boticarios malagueños.
