La resaca de la decisión de la Comunidad Valenciana de revaluar el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de Perjeta (Roche) ha desembocado en un intenso debate entre comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad para tratar de alcanzar un consenso que evite nuevos exámenes regionales a los medicamentos aprobados. Los cimientos de la divergencia entre administraciones se centran en la falta de financiación que denuncian las comunidades y la escasa participación que tienen en ellos.
Bajo estos mimbres, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) fue el escenario donde ambos entes expusieron sus posiciones en el marco del curso ‘Sinergia salud-crecimiento económico’, organizado por la compañía MSD. “El IPT es una herramienta cuyos objetivos son usar el medicamento para el paciente que mejor le sirva según el estadio de su enfermedad, y que las comunidades autónomas, que son las que tienen que controlar estas instrucciones, usen el fármaco tal y como dice el IPT”, explicó Agustín Rivero, director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, Antonio Fernández-Campa, secretario general de Sanidad de la Xunta de Galicia, aseguró que “a pesar de que creemos que el IPT es un buen trabajo, debería incluir el análisis de coste para evitar revaluaciones y duplicidades”.
Por su parte, Antonio Villacampa, director general de Planificación y Prestaciones de Aragón, insistió en el aspecto de la financiación de nuevos fármacos que entran en el Sistema Nacional de Salud. “Nuestra presencia en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) es importante pero insuficiente, igual que ocurre con los IPT”, dijo, al tiempo que argumentó que “si nosotros somos los pagadores deberíamos tener más voz”.
Precisamente, la cuestión de la representatividad de las comunidades autónomas en los informes es el otro aspecto disonante. En este sentido, Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, explicó que el marco del Consejo Interterritorial debería servir para consensuar el acceso de nuevos medicamentos. “Si la industria no negocia con nosotros y sí con el ministerio, en el consejo podríamos discutir qué medicamentos se introducen y, sobre todo, a qué precios”, afirmó.
Ante las apreciaciones de las comunidades autónomas, a las que se sumó Cristina Ibarrola, directora general de Salud del Gobierno de Navarra, porque, según dijo, “si no se llegan a consensos de gasto el SNS hará crack”, Rivero explicó que “si bien la comunidades pueden hacer lo que quieran, lo ideal es eliminar las revaluaciones”. En este sentido, explicó que el escaso tiempo de implantación “es la principal razón de algunos desencuentros, aunque con el tiempo se irá consensuando porque los IPT serán cada vez mejores y más completos”. De hecho, Rivero afirmó que “en Tudela las comunidades confirmaron su voluntad de acatar los informes”.
Hasta el momento, según datos del ministerio de Sanidad, se han presentado diez informes y 52 están en proceso, por lo que el caso de Perjeta “se trata de una decisión puntual y no parece relevante”. Del mismo modo, César Hernández, jefe del departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Aemps, aseguró que “la decisión de Valencia no indica que vaya a ver comunidades que se opongan de por sí a los informes”. Asimismo, Rivero defendió la utilidad del IPT porque “a falta de una herramienta única que nos diga cuánto vale un medicamento, esta está orientada hacia ello”.
El caso concreto del IPT de Perjeta
Toda la polvareda que se ha levantado en relación a la cohesión que podrían otorgar los IPT está motivada por la decisión de la Comunidad Valenciana de revaluar el fármaco de Roche. Federico Plaza, director de Goverments Affairs de la compañía suiza, aseguró a EG que esta decisión es inaudita porque “estos informes se consensúan con todas la comunidades autónomas antes de ser aprobados y se espera a la unanimidad para que sean aprobados”. De hecho, como ya informó este periódico, este caso particular llamaba la atención porque la dirección de Farmacia valencia participó en el IPT.
Asimismo, Plaza explicó que si bien “las comunidades tienen posibilidad de gestionar”, la última modificación de la Ley de Garantías “se realizó para que, entre otras cosas, una vez se decida la financiación de un producto, esté disponible en todo el territorio nacional con el IPT como norma de uso”.
Miguel Martín, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam); Javier Cortés, especialista del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona; y Ana Lluch, jefa del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Clínico de Valencia, explicaron las ventajas de Perjeta y el gran salto cualitativo que representa en la lucha contra el cáncer de mama. “En términos de supervivencia global aporta unos beneficios como nunca antes se había visto en este tipo de cáncer con metástasis”, dijo Cortés. En este sentido, Martín aseguró que este medicamento le permite decir “que se está empezando a cronificar el cáncer de mama HER-2 positivo, un avance sin igual hasta ahora”.
