Transcurrido un año desde su aprobación, el perfil del Real Decreto-ley 16/2012 acumula características de una novela de terror gótica. El gran objetivo que Ana Mato perseguía al aprobarlo, el de garantizar la sostenibilidad del Nacional de Salud en un contexto de crisis y cambiando las variables estructurales del gasto, equivale a la intención que Mary Shelley atribuyó a Victor Frankenstein, ese doctor obsesionado con un fin aparentemente imposible: descubrir el fabuloso elixir de la vida. Ambos lograron su objetivo y diseñaron un monstruo de tamaño monumental; ambos ‘buenos’ en esencia pero que precisamente encuentran en esa ‘monstruosidad’ que les caracteriza su mayor peligro. Al final, la reforma, como Frankenstein, es un monstruo de dos caras que pese a sus buenas intenciones siembra el terror por donde pasa.
El lado amable de la reforma sanitaria es aquel que mensualmente llega con las cifras del gasto farmacéutico, aquel que según el ministerio se está consiguiendo con las nuevas medidas de equidad incluidas y que conforman un sistema en el que aporta más el que más tiene y que salvaguarda a los que menos tienen, como los parados de larga duración. El monstruo viene dando la cara con tramos injustos (en proceso de corrección), copago para jubilados y la duda que sigue existiendo sobre los pacientes que dejan de tomar sus medicinas por razones económicas.
El Gobierno insiste: la reforma garantiza la universalidad de la asistencia, pese a que se ha ido hacia un modelo basado en el aseguramiento. El monstruo responde con el rostro de Alpha Pam, el inmigrante senegalés que según las denuncias murió de tuberculosis después de que le fuera denegada la atención en un hospital de Mallorca por carecer de tarjeta sanitaria; o el de María Concepción Amaya Guzmán, que se encuentra en proceso de réplicas y contrarréplicas con el Hospital General de Valencia por otra denegación de la asistencia, supuestamente por su falta de acreditación.
También en la Comunidad Valenciana la reforma sanitaria se enfrenta a una polémica por el copago farmacéutico para personas discapacitadas. El gobierno de Alberto Fabra asegura que el Real Decreto-ley le obligaba a aplicarlo. Los colectivos afectados y un dictamen jurídico de la Universidad de Valencia aseguran que no: que fue una decisión propia del Ejecutivo regional.
Es, por ahora, la última vuelta de tuerca al monstruo de Mato, que al albur de las competencias sanitarias en las comunidades autónomas multiplica por 17 (ahí están las diversas fórmulas de devolución del copago) las caras de la reforma sanitaria.
