La situación de la industria protagonizó el último pleno del Senado previo al verano
El PP pide medidas estructurales para la demanda y no trabajar sólo en los precios
carlos b. rodríguez
Madrid
Las medidas que siguieron al Consejo Interterritorial del 18 de marzo pueden derivar en unos efectos secundarios que podrían haberse previsto si, como creen algunos grupos parlamentarios, los responsables sanitarios hubiesen conocido a fondo el sistema o se hubiesen informado. Los efectos pueden ir desde el desabastecimiento de fármacos al bloqueo de compras (según CiU ya se ha producido en algunos servicios hospitalarios), además de indeseables efectos industriales. Ante un panorama cuanto menos dudoso, el Ejecutivo no contempla, por el momento, salir al rescate de las comunidades que no puedan hacer frente a los compromisos económicos urgentes en materia sanitaria. Tampoco habrá paliativos en el descuento del 4 por ciento aprobado para los fármacos huérfanos ni se prevén cambios en la tasa sobre ventas.
“Ahora les toca a las administraciones autonómicas tomar decisiones para contribuir a la reducción del déficit”. Así respondió la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, a la pregunta formulada por la senadora de CiU Rosa Núria Aleixandre sobre las medidas previstas por el Gobierno para hacer frente al “altísimo” déficit presupuestario en materia de sanidad, que pone en la picota el pago a los proveedores. Según Aleixandre, en Cataluña se ha retrasado por segundo mes consecutivo el pago en los hospitales concertados y con proveedores no sanitarios.
Bajo la respuesta de Jiménez (el Gobierno tomó decisiones importantes e inmediatas) subsiste una relevante diferencia de interpretación: aunque según el Gobierno las medidas adoptadas “se están aplicando en la actualidad”, para CiU, “estos recortes que se están realizando son de futuro”.
El PP y el número de recetas
La misma diferencia se percibe en relación a las consecuencias de las medidas de recorte en el sector farmacéutico. El Grupo Popular cree que Sanidad debe evaluar los daños que se van a causar a las empresas y a las farmacias y aceptar que lo que hoy impulsa el gasto farmacéutico no es el precio de los medicamentos, sino el número de recetas. “Es hora de poner en marcha políticas de carácter estructural orientadas a la demanda y no seguir con las constantes revisiones de precios que están llevando a la ruina al sector”, aseguró la senadora Francisca Mendiola.
Las consecuencias, según el PP, tocan a todos: “El SNS en riesgo, los fabricantes de genéricos con su mercado destrozado; las compañías innovadoras no se fían del Gobierno y piensan más en trasladar sus plantas al extranjero que en producir en España; la distribución, con su estocada, se encuentra por los suelos, y las farmacias, como premio a su buen hacer, cada vez son más pobres”, señaló Mendiola, que preguntó a la ministra qué va a ocurrir con el aviso que de que con este ajuste la industria no tendrá capacidad para seguir abonando la tasa por facturación de hasta el 2 por ciento que aportan para financiar las investigaciones del Carlos III.
Jiménez no contestó a esta pregunta, ni si Sanidad reconsiderará la tasa sobre ventas. En cambio, acusó al PP de “protestar más que la propia industria farmacéutica”. Jiménez defendió el apoyo del Gobierno a las inversiones en I+D+i de la industria y recordó, además del soporte que ofrece el Plan Profarma, que el Ejecutivo trabaja ya en la elaboración de un plan estratégico. “Estamos dispuestos a trabajar al mismo tiempo con cada compañía de manera individual y a buscar soluciones concretas”, añadió.
Sanidad insistió en que es consciente del esfuerzo que el Gobierno ha pedido al sector, aunque rechazó eximir a los medicamentos huérfanos de los descuentos previstos en el RDL 8/2010. Se lo pidió el senador del PP Jesús Aguirre, tras recordar a la ministra que Grecia rebajó también los precios de los innovadores, pero excluyó específicamente estas especialidades.
