Durante años, la fórmula del ‘yo invito y tú pagas’ que articula la política farmacéutica española ha colmado la paciencia de los consejeros de Sanidad. Durante años, ellos han venido defendiendo otra fórmula alternativa: ‘el que paga, decide’. Esta tesis, incluida durante años en los programas electorales de los principales partidos políticos, permitiría a las comunidades autónomas hacerse un hueco en el organismo que actualmente toma las decisiones de financiación y precio de los medicamentos.
Según ha podido saber EG, ya se ha articulado el mecanismo por el cual las regiones podrán dar su opinión en la Comisión Interministerial de Precios. Se establecerá un turno rotatorio, semestral, para las autonomías participantes (dos cada vez). La composición de las parejas vendrá determinada por la fecha de recepción de las transferencias sanitarias: la primera que la recibió y la última. De esta manera, el primer bloque lo integrarán País Vasco y Castilla y León. El segundo semestre, Cataluña y Madrid.
Un día antes del Consejo Interterritorial, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, admitía que el paquete de recortes que tendrá que aplicar el Gobierno para cumplir con los objetivos de déficit afectará a la cartera de servicios públicos. Sin embargo, el desvío del déficit no afectó en nada a la agenda de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Ni medicamentazo, ni copago farmacéutico… El Interterritorial trasladó la deuda sanitaria al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en su próxima reunión tendrá que extrapolar a las comunidades lo que el Gobierno ya ha hecho con los ayuntamientos. Mientras, el pleno no se desvió un ápice de su orden del día y se limitó a presentar una hoja de ruta del Pacto por la Sanidad, en el que subyace, sin embargo, una previsible contención del gasto sanitario a través de las prestaciones.
En esa línea trabajará, precisamente, la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias existentes. Con sede en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y presidencia rotatoria, esta red, que vendría a sustituir la creación de un Hispa-Nice, analizará las tecnologías y procedimientos de cara a incluirlos en la cartera de servicios y su opinión servirá para “renovar” la cartera de servicios, una promesa electoral del PP que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó durante su debate de investidura.
Bajo esta perspectiva, la red no solo se encargará de las posibles nuevas incorporaciones, sino que también revisará las ya existentes. Sus funciones, por tanto, también pasarán por “excluir técnicas, tecnologías y procedimientos o modificar sus condiciones de uso”. Asimismo, redactará informes de observación de las distintas prestaciones y guías de práctica clínica.
Paralelamente a la red, las propuestas sobre la cartera de servicios tendrán en cuenta las consideraciones que efectúen uno de los cinco grupos de trabajo que el Interterritorial acordó formar con técnicos del SNS, ya que los otros analizarán el modelo retributivo, el desarrollo profesional, el mapa de recursos de tecnologías de la información y las plataformas de compras centralizadas. El plazo anunciado por la ministra para alcanzar el Pacto por la Sanidad (verano de 2012) obliga a los técnicos a trabajar contrarreloj: se espera que sus conclusiones estén listas dentro de un mes.
Igualar por debajo
En la misma línea de lo que podría ocurrir con la cartera de servicios se sitúa otro de los compromisos alcanzados en el Interterritorial. El anuncio de un calendario de vacunación infantil único y a las mismas edades no es, por el momento, más que un papel en el que solo se han incluido las vacunas que todas las comunidades ofrecen a niños y niñas de la misma edad. Han quedado fuera todas las demás, y las comunidades tendrán que llegar a consensos que determinarán si finalmente se incluyen en un calendario único que podría estar listo en 2013.
En este sentido, parece más fácil que se acuerden las edades que las vacunas que se deben financiar, lo que da casi por segura la inclusión de la vacuna del papilomavirus. Hoy día la dan todas las comunidades autónomas, aunque en rangos de edades para niñas que oscilan entre los 11 y los 14 años.
Más problemas darán otras como la del neumococo, que a día de hoy no ofrecen todas las comunidades. El hecho de que una vacuna quede excluida no significa que una comunidad no la pueda ofrecer, aunque dada la situación financiera de las comunidades autónomas, lo que es de esperar es que se haga ‘tabla rasa’ por debajo.
Así al menos lo cree María Jesús Montero. La consejera de Salud de Andalucía no habló del posible recurso del Gobierno a sus subastas durante el pleno, aunque fue la voz discordante de los acuerdos unánimes que proclama el ministerio.
Montero denunció que la ministra no respondió cómo afectarán a las comunidades los acuerdos de no disponibilidad y lanzó dardos envenenados contra el ‘Pacto de Mato’: no solo criticó que los grupos de trabajo duplican en la práctica la tarea que ya hacen grupos similares dentro del Interterritorial, sino que recordó que los asuntos que dieron al traste con la anterior intentona (la financiación sanitaria y la creencia en distintos modelos sanitarios) siguen sin resolverse. La consejera aseguró también que muchas de las propuestas tienen un aire “recentralizador” que viene a señalar a las comunidades autónomas como las “culpables de todos los males” del SNS.
Lo cierto es que ente aire recentralizador, que supondría volver al método de trabajo del Insalud, se basa otra de los grandes anuncios del Interterritorial. El pleno abordó también la compra centralizada de vacunas, un acuerdo con dos ramificaciones. Por un lado, se aprobó llegar a un nuevo acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas de la gripe, con el objetivo de alcanzar la mejor opción económica posible en la adquisición de vacuna antigripal. Se han adherido al acuerdo 13 comunidades autónomas (el resto ya tenían sus acuerdos firmados), además de Ceuta y Melilla y diversos Organismos Públicos de la Administración General del Estado. El número de dosis que serán contratadas ronda los cinco millones.
Por otro lado, el ministerio ha planteado incluir en esta central todas las vacunas incluidas en los programas de vacunación con el fin de mejorar la oferta económica para su adquisición. Además, los acuerdos de compra incluirán una cláusula que impedirá que terceros compren vacunas a un menor precio. De ser así, la compañía tendría que ofrecer el mismo precio a la central del ministerio.
El último de los grandes anuncios de Mato tras el Interterritorial fue el campo de la e-salud. No habrá tarjeta sanitaria única, sino una tarjeta sanitaria interoperable, que se empezará a emitir antes de finales de 2012 y beneficiará a los cuatro millones de españoles que anualmente reciben asistencia fuera de su lugar de residencia.
Mato no se refirió al gasto que estas tarjetas supondrá para los ciudadanos residentes en las comunidades que ya cobran por su emisión, sino al “valor” que suponen. Tampoco se refirió a la solución nacional que País Vasco pide para los pacientes limítrofes. La ministra todavía confía en los acuerdos bilaterales.