c. r. Madrid | viernes, 20 de enero de 2012 h |

Varias comunidades han decidido ya agarrarse al balón de oxígeno que el Gobierno central les lanzó la semana pasada en forma de créditos del ICO que permitirán desbloquear los pagos a los proveedores y, según destacó la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, garantizar la sostenibilidad del SNS. No es la única solución que se alcanzó en el primer Consejo de Política Fiscal celebrado bajo mandato popular y que, partiendo de la base de comprometer a todas las administraciones en los objetivos de déficit público mediante la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, situó en el ojo del huracán los problemas autonómicos para financiar la sanidad.

Cantabria, por ejemplo, acudió a la reunión con una fórmula que permitiría al Estado avalar uno de los caballos de batalla de su consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, la deuda farmacéutica de 255 millones de euros por suministros a centros sanitarios. Al término de la reunión, este objetivo podía considerarse una realidad, aunque aún falta por concretar bajo qué fórmula.

A la línea de los créditos ICO, propuesta lanzada en su día por el gobierno socialista, y la fórmula del aval para evitar la quiebra técnica de las comunidades se suman otras iniciativas acordadas en el pleno de los consejeros y el ministro de Economía: una inyección de 8.000 millones de euros a través de los anticipos del sistema de financiación correspondientes a 2010 y la decisión de aplazar de cinco a diez años el plazo que tienen las autonomías y los ayuntamientos para devolver el excedente de la financiación autonómica.

Pero los términos de este contrato son duros, ya que, a cambio, las comunidades se comprometen a un exhaustivo cumplimiento de las normas de gasto. Cualquier desviación sobre el techo que se establezca podría conllevar desde multas a penas de cárcel, así como una intervención temporal, hasta que se saneen las cuentas.

Sistema de financiación

Si se tiene en cuenta la priorización de pagos por sectores, la deuda sanitaria y farmacéutica se verá beneficiada de estas medidas, pero no fueron las únicas opciones que a estas alturas se barajan para mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud. Varias comunidades, entre las que se cuentan Canarias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Madrid, exigen la reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, sobre todo en lo que se refiere a la sanidad pública, de manera que se tenga en cuenta el criterio poblacional.

Se trata de uno de los asuntos que quedan pendientes para la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal, durante la cual se prevé conocer también las 450 empresas públicas que deberán ser suprimidas, según el acuerdo incumplido del año 2010.

La reforma del sistema de financiación no es la única petición de las autonomías. Cataluña, por ejemplo, pidió respeto para las medidas que las autonomías quieran poner en marcha en el ámbito de sus competencias, lo que para muchos es una clara referencia a la tasa por receta.

La patronal de las empresas de tecnología sanitaria, Fenin, ha recibido con expectativas los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero se muestra “prudente y cautelosa” ante la información que todavía falta por conocer sobre los mismos. “Esperemos que no se quede en una declaración de intenciones porque el sector empresarial necesita un plan de viabilidad urgente y esto podría venir a dar un pequeño respiro al sector”, señaló Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin.

La patronal siempre ha defendido que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud pasa ineludiblemente por la sostenibilidad de la industria de tecnologías y medicamentos. En este caso, tanto los anticipos a cuenta de 2010 como la línea del ICO son buenas noticias para las empresas, que ahora están a la espera de conocer las condiciones de esos préstamos (Fenin cree que deben ser más favorables que los de la banca tradicional para que las comunidades se acojan a ellos), así como las cuantías y distribución de los anticipos.

Una vez conocidas estas cantidades, Fenin reclama conocer también cuál será su destino dentro de cada comunidad autónoma. Para Alfonsel, sería prioritario destinarlo a sanidad de manera finalista. La patronal solicita también que a la hora de destinar los fondos se tenga en cuenta la antigüedad de la deuda.