Enrique Múgica considera que el establecimiento de dos escalas de deducciones distintas puede dar lugar a “un trato desigual” entre boticas
La recomendación de esta institución al Ejecutivo atiende la queja planteada en febrero por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid
J. N.
Madrid
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, también se ha pronunciado sobre el Real Decreto 2130/2008 de 26 de diciembre de Mutualidades, al considerar que la escala de deducciones aplicables a las mutualidades Muface, Mugeju e Isfas “puede provocar discriminación entre farmacéuticos”. Por ese motivo, Múgica instó al Ministerio de Presidencia de María Teresa Fernández de la Vega a adaptar esta norma “a los principios constitucionales”.
La solicitud del Defensor del Pueblo al Gobierno para que revise este real decreto y establezca “una única escala de deducciones en la facturación global de los medicamentos que se financian con fondos públicos, sea cual sea el pagados”, responde a la queja presentada ante esta institución por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. La organización presidida por Alberto García Romero denunció la discriminación que, en su opinión, existiría entre farmacias que se ubiquen en zonas con gran número de funcionarios y otras que no tengan tanta densidad.
Esta queja fue recogida por Múgica, que advirtió al Ejecutivo de que la regulación de escala de deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las mutualidades de funcionarios “puede ser contraria al principio de igualdad constitucional”. Así, según Múgica, la regulación de escala de Mutualidades “puede provocar discriminación entre farmacéuticos que, con idéntico nivel de facturación global, según el sujeto pagador de los medicamentos, unos profesionales vean reducido su margen de beneficios en mayor medida que otros”.
Sin justificación y arbitrario
El escrito remitido por el Defensor del Pueblo al Ministerio de la Presidencia fue más allá al indicar que “no existe justificación alguna razonable y objetiva que permita al legislador la introducción de esa nueva diferenciación, menos con una norma que no tiene rango de ley”. Y es que, Múgica puso en duda que el Gobierno pueda “mediante una norma con rango de real decreto crear nuevas deducciones aplicables a la facturación de medicamentos con cargo a fondos públicos, toda vez que en todas las normas anteriores se alude a la aprobación de un futuro ‘procedimiento’ para aplicar las deducciones ya existentes”.
Asimismo, el Defensor del Pueblo consideró que el establecimiento de esta doble escala de deducciones era arbitraria porque “introduce una diferenciación para el pago de los medicamentos con cargo a las mutualidades de funcionarios, sin que consten las razones que justifican la mayor deducción que tienen que soportar los farmacéuticos en este caso y no en otros”.
Por otro lado, también recomendó al Gobierno que no tuviese en cuenta el IVA en el cálculo de la facturación mensual de la farmacia. “O bien el profesional de la farmacia tributa por un importe no percibido o bien tiene que regularizar con posterioridad la base imponible del IVA a fin de evitar dicha situación. Carece de toda lógica el sistema establecido en este sentido”, indica.
Valoración positiva
Las recomendaciones de Múgica al Gobierno fueron valoradas de forma “muy positiva” por García Romero, ya que según el presidente colegial “demuestra que el escrito de queja presentado en febrero estaba bien fundamentado y exponía de forma clara las profundas desigualdades abiertas entre oficinas de farmacia”.
Para el máximo mandatario del colegio madrileño, una nueva escala de deducciones “es ilegal” porque, según él, contraviene lo dispuesto en el RD 5/2000, que impone la aplicación de una única escala para todos los fármacos financiados con fondos públicos.
