Redacción
Madrid
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, admitió a trámite la queja presentada por el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, en la que ponía en cuestión la legalidad de la escala de deducciones a la dispensación de recetas financiadas por las mutualidades de funcionarios Muface, Isfas y Mugeju. El presidente colegial madrileño informó al Defensor del Pueblo de las “profundas desigualdades” que se crearían entre las farmacias en caso de que se aplicase el RD 2130/2008, de Mutualidades, cuya entrada en vigor se producirá en septiembre, tal y como señaló el Ministerio de Administraciones Públicas.
Para García Romero, la existencia de dos escalas “es ilegal” porque es contraria a lo dispuesto en el RD 5/2000, que impone una única escala a todos los fármacos financiados con fondos públicos. “Es algo carente de justificación objetiva y racional, pues los pacientes no son diferentes si son funcionarios o no”, indicó.
Para ilustrar su queja, remitió a Múgica una serie de ejemplos reales (ver tabla), en las que se observan grandes diferencias entre los beneficios entre unas farmacias y otras dependiendo del número de recetas de funcionarios dispensadas. “Algunas farmacias resultan discriminadas económicamente”, expresó.
