carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 13 de diciembre de 2013 h |

“Absolutamente insuficiente”. “Fallido”. “No da respuesta al objetivo”. Estos son algunos de los calificativos que acapara el dictamen de la subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad. Precisamente lo que para el PP era su punto fuerte, el hecho de que fuera un documento técnico y sin ningún tinte político, es lo más criticado en los votos particulares que los grupos de oposición registraron la semana pasada. El debate del dictamen, que tendrá lugar este miércoles, volverá a ser un debate sobre el Real Decreto-ley 16/2012.

Cabe resaltar que ni tan siquiera el voto particular de UPyD, el único grupo que acompañó al PP en la redacción de las conclusiones de la subcomisión, dedica elogios al dictamen. Con independencia de la calidad y el interés de las comparecencias celebradas, dice la formación magenta, “ni se ha llegado a un análisis que precise y concrete los problemas estructurales del SNS ni se plantean reformas de fondo”. UPyD sigue considerando la existencia de 17 sistemas autonómicos como “la mayor deficiencia” del sistema sanitario. Por ello, promueve, si no ya devolver la competencia de Sanidad al Estado, sí llevar a cabo una
“autolimitación de la autonomía”.

En el lado opuesto, CiU entiende que algunas de las propuestas planteadas suponen “una injerencia” en las competencias autonómicas en materia de Sanidad, y en consecuencia una recentralización de competencias que “fácilmente alimentará la burocratización y rigidez del sistema, en perjuicio de la calidad del mismo”. Muchas de sus propuestas van encaminadas precisamente a “reforzar la descentralización de la gestión de los servicios de salud”.

La reforma sanitaria

De forma más o menos expresa, la reforma sanitaria aprobada en solitario por el Gobierno está en los votos particulares de la oposición. Solo PSOE e Izquierda Plural solicitan, sin embargo, la derogación del RDL 16/2012 como paso previo para recuperar la confianza y sentar las bases del futuro Pacto. Ambos piden, además, la derogación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, y la modificación del copago farmacéutico que amplíe las exenciones a los pensionistas (el PSOE añade también a los crónicos y afectados por enfermedades raras) y suprima el copago farmacéutico ambulatorio. Ambos también coinciden en solicitar una reforma de la financiación sanitaria que refuerce el Fondo de Cohesión y asegure la cobertura sanitaria con fondos finalistas. Izquierda Plural es el único grupo que lanza una propuesta de incrementar el gasto público en torno al 1 por ciento del Producto Interior Bruto.

Asimismo, entre las propuestas de PSOE, CiU y PNV se encuentran apoyos estratégicos al sector. Así, por un lado, se solicita que se refuerce la calidad asistencial y la viabilidad del modelo de farmacia, con especial énfasis en la farmacia rural; y que se promueva un plan estratégico que, entre otros aspectos, contemple criterios y procedimientos para la incorporación de la innovación, la política de control del gasto y el impulso de los medicamentos genéricos y medicamentos fuera de patente.

La confrontación que los grupos parlamentarios del Congreso profesan en torno al dictamen de la subcomisión contrasta con el amplio consenso que los grupos del Senado alcanzaron (todos votaron a favor, salvo el Grupo Mixto, que se abstuvo porque no pudo asistir a los trabajos) en torno a la ponencia sobre el uso de las TIC en Sanidad. La diferente receptividad de estos documentos demuestra que, si bien el Pacto de Estado sigue lejos, sí se pueden conseguir acuerdos en áreas concretas.

El dictamen del Senado lanza 14 recomendaciones para potenciar el cambio organizativo hacia las TIC´s a todos los niveles, comenzando por la eliminación paulatina de los circuitos en papel hasta disponer de una historia clínica “única y universal” del paciente, que integre toda la información posible a través de la interoperabilidad y complementariedad de la sanidad público-privada y que agregue de forma completa, pruebas diagnósticas, la historia fármaco-terapéutica (medicamentos con y sin receta), en un historia compartido por todos los profesionales sanitarios. Actualmente, aunque todas las tarjetas emitidas por las comunidades son interoperables, la receta electrónica no lo es “y no hay normalización administrativa ni clínica”. Además, dentro de una misma comunidad hay provincias que no tienen integradas la historia clínica de atención primaria y especializada.

Todavía queda mucho por andar en este camino. En un análisis inicial, la Ponencia detecta que, con datos de 2011, existían grandes disparidades entre comunidades. La posibilidad de consultar la historia clínica variaba del 0 al 100 por ciento, siendo la media del 75 por ciento en el caso de los centros de salud, y del 69 por ciento en el caso de los hospitales. El porcentaje de centros de salud con receta electrónica variaba, también del 0 al 100 por ciento, con una media estadística del 61 por ciento.