Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 17 de junio de 2016 h |

Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Suecia, Holanda… Muchos son los países que tratan de incorporar el criterio de coste-efectividad en la toma de decisiones sobre inversión sanitaria, pero sólo Inglaterra y Gales señalan, explícitamente, un rango para definir un umbral. En España, la importancia de este criterio está clara a nivel teórico pero la falta de un umbral limita el papel de las evaluaciones económicas en la toma de decisiones. La referencia empleada en la literatura ha sido de 30.000 euros por AVAC (Años de Vida Ajustados por Calidad), cifra que está por encima de la estimación de un umbral basado en un coste de oportunidad que compara las ganancias y pérdidas en salud asociadas a la introducción de un nuevo fármaco o tecnología. Un informe encargado por el Ministerio de Sanidad a la Red de Agencias ha permitido concretar la cifra mágica aplicable en contextos que requieran desinvertir para liberar recursos que financien nuevas intervenciones en el SNS: entre los 20.000 y los 25.000 euros por AVAC.

El trabajo, liderado por Laura Vallejo Torres, investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos y Economía Aplicada de la Universidad de la Laguna (Tenerife), y discutido en las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud, explotó la variabilidad en el gasto sanitario entre diferentes comunidades autónomas y los resultados en salud obtenidos a lo largo del tiempo, calculando que el coste por AVAC en España se sitúa entre los 21.000 y los 24.000 euros entre 2008 y 2013. “Esta información indica que por cada 20.000 euros que se retiran del sistema se pierde cerca de un año de vida en salud perfecta en la población. Por tanto, si una nueva tecnología genera AVAC a un coste superior, por ejemplo a 30.000 euros por AVAC, la inclusión de dicha intervención implicaría una pérdida neta en salud. Es decir, por cada 30.000 euros que se inviertan en la nueva tecnología se generaría un AVAC, pero debido a la retirada de recursos necesaria para financiar dicha nueva intervención, se perderían cerca de 1,5 AVAC de media”, señala el estudio.

Aunque las cifras estimadas de 21.000 y 24.000 euros ofrecen una aproximación al coste de oportunidad en base a la evidencia disponible, no pueden considerarse cifras exactas, motivo por el cual se ha recomendado emplear un rango de entre 20.000 y 25.000 euros. Este valor determinaría así que las innovaciones sanitarias candidatas a ser incorporadas al sistema deberían de ser capaces de generar salud a un coste inferior a este umbral para que su introducción genere más ganancias que pérdidas en la salud de la población. Este valor, además, coincide con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de emplear como referencia el PIB per capita, que en España se situó cerca de los 22.000 euros en el años 2015.

El umbral español

Los datos del informe sostienen una postura ampliamente apoyada por los expertos presentes en las Jornadas de Economía de la Salud, que este año se celebraban precisamente con el objetivo de analizar a fondo las reformas en el terreno de la Sanidad… Reformas que para ellos siguen pasando por la evaluación como eje vertebral de un futuro pacto sanitario y que aún siguen estando pendientes, según señaló la presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), Pilar García-Gómez.

El establecimiento de un umbral coste-efectividad en España es una de esas reformas necesarias para mejorar la toma de decisiones y su transparencia, según coincidieron Laura Vallejo; Beatriz González, catedrática de Universidad de Métodos Cuantitativos en Economía de la Universidad de Las Palmas; Salvador Peiró, director del área de Investigación del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Comunidad Valenciana, y José María Abellán, profesor titular de la Universidad de Murcia, durante una mesa redonda celebrada al respecto.

La pregunta de en base a qué información debe establecerse dicho umbral en España también llama a un consenso en torno a la fórmula planteada en el estudio, que considera que deben tenerse en cuenta tanto las restricciones presupuestarias del sistema sanitario (cuánto se puede permitir el sistema pagar dado el presupuesto asignado) como la valoración de la población general sobre cuánto se debe invertir en salud (cuánto se está dispuesto a pagar por mejoras en salud frente a otras posibles opciones de gasto). Lo primero, destacó Vallejo, “tiene peso ante decisiones que tienen un coste de oportunidad en términos de salud dentro del sistema sanitario; lo segundo es más relevante cuando se trata de decidir cómo distribuir un presupuesto adicional sin que se produzca desinversión sobre lo que se ofrece en el sistema”.

La postura de los expertos está más dividida ante la pregunta de si en España deberían existir diferentes umbrales o modificadores del umbral en distintos contextos. Bajo este sistema, cualquier fármaco, tecnología o intervención que estuviera por debajo del mínimo debería ser aceptado por sistema; el máximo, en cambio, serviría de tope para productos (medicamentos huérfanos, por ejemplo) con un coste-efectividad más elevado. Se trata de algo que ya hace el NICE, que contempla un umbral máximo y uno mínimo según el tipo de patología. Peiró considera “inevitable” su establecimiento en España; Vallejo no tanto, aunque cree que quizá deban ser tenidos en cuenta otros criterios aparte del coste-efectividad.

En todo caso, cuál debería ser el mínimo y cuál el máximo en el caso español sigue siendo una incógnita. El estudio presentado por Vallejo solo ha finalizado una etapa, en la que se ha evaluado el umbral desde el punto de vista de la oferta (el coste de oportunidad). A lo largo de esta año el umbral se evaluará desde el lado de la demanda (la disposición a pagar). Seguramente los resultados serán distintos, por lo que la posibilidad de seleccionar ambos límites sería una opción a considerar.

El criterio coste-efectividad está claro a nivel teórico, pero la falta de un umbral limita el papel de la evaluación

El valor establecido para España coincide con el valor del PIB per capita, que en 2015 era de unos 22.000 euros