br
Las denominan fórmulas “valientes” e “imaginativas” pero ni el manido copago ni el denominado ‘céntimo sanitario’ —impuesto que grava al combustible— son propuestas nuevas de financiación adicional del deficitario Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, a estas y otras medidas han vuelto a aludir esta semana representantes de los Gobiernos regionales como los presidentes gallego y murciano, el primero durante los actos del 20º aniversario del Servicio Gallego de Salud (Sergas), recordando que el coste anual de 60.000 millones euros del SNS supera a todo el gasto público de Portugal. El segundo ha aludido a las palabras del vicepresidente de la Comunidad Europea, Joaquín Almunia, que ha propuesto recientemente el copago como una de las posibles soluciones a la situación del sistema, aunque a Ramón Luis Valcárcel es una opción que “no le gusta” y a la que “probablemente” habrá que recurrir “si no hay más remedio”. “No creo en el copago, no creo que lo tengamos que afrontar existiendo otras medidas antes de llegar a esa”, ha aclarado, aunque las críticas de la oposición no se han hecho esperar y el coordinador de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha tachado de “estupidez” la reflexión del presidente.
En su opinión, este “repago” que otras comunidades como Cataluña ya está en vías de implantar, no es ninguna fórmula imaginativa, ya que supone gravar a todos por igual a través de un impuesto indirecto, y considera que sí existen otros “remedios” como perseguir la evasión fiscal o aplicar una reforma fiscal progresiva para repartir las cargas de manera “solidaria”, además de “reorientar” las políticas de salud pública a través de la prevención y la promoción de la salud.
Por su parte, el consejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa, sí parece apostar claramente por el ‘céntimo sanitario’, una medida con la que su departamento prevé recaudar entre 90 y 100 millones de euros al año, aunque para su implantación dialogará primero con las diputaciones y con el Gobierno regional en el Consejo Vasco de Finanzas. Tampoco descarta esta opción su homóloga cántabra, María José Sáenz de Buruaga que, ante una pregunta de la diputada del Partido Regionalista, Concepción Solanas, en el Parlamento autonómico sobre su posible establecimiento ha respondido que harán “todo lo que sea necesario” para garantizar la sanidad pública regional.
Este impuesto adicional también está contemplado en el proyecto de Ley de Medidas Financieras de la Junta de Castilla y León, pese a que el propio presidente regional, Juan Vicente Herrera, ha reconocido que el programa electoral con el que se presentó a las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo no lo preveía. Herrera ha alegado que su proyecto sí establecía un compromiso de “garantizar” la sostenibilidad de los servicios públicos, objetivo de un conjunto de medidas que, para la oposición socialista, son “injustas”, “carecen” de respaldo social y no crearán empleo ni ayudarán a la recuperación económica.
