A estas alturas, las comunidades autonómocas saben que, si algún coste tiene aplicar el copago farmacéutico para medicamentos ambultatorios en los hospitales, aparte del derivado de implantar las estructuras de cobro en los hospitales, es un coste político. Escudadas en las dificultades de aplicación técnicas de la medida, las autonomías han retrasado su aplicación y obligado al Ministerio de Sanidad a recordar, una vez más, que es obligatorio implantar este copago. La única esperanza para las comunidades era que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizara cauterlamente la medida en el SNS, como solicitaba el recurso presentado por la Junta de Castilla y León. Desechada esta posibilidad, las comunidades siguen sus trabajos y van desplegando un mapa de modelos de copago farmacéutico hospitalario que no asegura la implantación en todo el SNS, ni su aplicación uniforme.
Hasta la fecha, Andalucía, País Vasco, Asturias y Cataluña no han dado un solo paso para avanzar en su implantación: las tres primeras porque no comparten la medida y, de hecho, la han recurrido; la cuarta porque mantiene su intención de no aplicarlo hasta que el estudio que lleva a cabo el Servicio Catalán de Salud no aclare los mecanismos a emplear para garantizar la equidad en el acceso a los medicamentos.
Un segundo grupo de comunidades se han resignado a aplicar la medida. En un principio fueron Castilla y León y Canarias (ambas también han recurrido la medida) pero con el tiempo el malestar se ha trasladado a otras regiones, como Extremadura, Baleares y, en última instancia, Castilla-La Mancha. La presidenta regional, María Dolores de Cospedal, dio la campanada el pasado jueves al asegurar que, pese a no disponer de ningún estudio, el copago hospitalario lo pagará exclusivamente la Junta de Castilla-La Mancha. La misma decisión la anunció también el presidente extremeño, José Antonio Monago.
Más divergencias
Un último grupo de regiones sigue aposando por cumplir la ley, aunque sigue pendiente de resolver cómo facturar a los pacientes. Es, por ejemplo, el caso de la Xunta de Galicia. Otras comunidades sí lo tienen claro, aunque todavía no hayan puesto en marcha el copago.
Murcia, por ejemplo, informa que ha desarrollado un sistema por el que se notificará a los usuarios que tengan que hacer la aportación la cuantía agrupada por meses y el número de cuenta donde pueden hacer el ingreso a no ser que lo hagan a través de su cuenta bancaria cada mes. En esa notificación se tendrá en cuenta la aportación en las farmacias, de manera que los pensionistas que ya hayan aportado los máximos mensuales en las oficinas de farmacia no tendrán que hacer abono adicional. Sin embargo, Murcia no aplicará el copago hasta que no haya consenso entre las autonomías. Y en La Rioja, por ejemplo, la cuantía del copago farmacéutico ambulatorio se trasladará a través de una sucursal bancaria presente en el hospital.
Así las cosas, Aragón ha sido la única que por el momento ha dado una fecha aproximada para aplicar la resolución del ministerio. Lo hará a finales de enero, cuando termine el estudio caso por caso que la consejería lanzó para reconocer qué personas sin recursos no pueden asumir la parte correspondiente con la promulgación del copago.
Para otras, la fecha sigue aún muy difusa. El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Llombart, aseguró que el copago se aplicará “antes del verano”, y “en ningún caso, antes del primer trimestre”.