Carlos Arganda Madrid | viernes, 16 de noviembre de 2012 h |

El euro por receta puede tener los días contados, al menos en cuanto a su legalidad. Todo depende de la intención final del Gobierno que preside Mariano Rajoy, ya que, según un dictamen del Consejo de Estado, “existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad” contra tres de los artículos de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos de Cataluña. Norma que, entre otras cuestiones puso en marcha el euro por receta en la autonomía.

De este modo, el Gobierno tendría ya argumentos jurídicos suficientes, que se sumarían a los ya expuestos anteriormente del ámbito económico y de equidad, para poner freno al euro por receta catalán y, ahora también, al madrileño. En este sentido, la semana pasada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al igual que ya han hecho el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y otros responsables del PP, se mostró contrario a la medida durante una comparecencia en el Senado y manifestó que estaba dispuesto a tomar la decisión de interponer el recurso de inconstitucionalidad para que Cataluña elimine “cuanto antes” la tasa farmacéutica. A partir de ello, según Montoro, el euro por receta “no será aplicable en ninguna comunidad autónoma”.

Agotar la negociación

No obstante, el titular de Hacienda añadió que, aunque tanto la doctrina constitucional como el citado informe del Consejo de Estado aseguran que el ámbito de competencia pertenece al Estado, la posición del Gobierno es “negociar” en primer lugar para que se retire la medida. En este sentido, cabe destacar que el dictamen, hecho público la semana pasada fue firmado el pasado 21 de junio, por lo que ha estado casi cinco meses guardado en un cajón del Ministerio de Hacienda a la espera de las negociaciones iniciadas entre ambas administraciones en el marco de la Comisión bilateral de Cooperación establecida al efecto.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, insistió en la “apuesta por el diálogo” del Gobierno, aunque emplazó a la administración catalana a llegar a un acuerdo antes de diciembre. Esa fecha no es aleatoria, ya que la decisión de interponer el recurso tiene de plazo hasta el 23 de diciembre (nueve meses después de su publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña).

En cualquier caso, el plazo dado por la ministra de Sanidad no parece afectar al gobierno catalán, que sigue apostando por la medida. Y lo hace incluso a riesgo de implicar un nuevo conflicto institucional. El Ejecutivo presidido por Artur Mas ha asegurado que se “atendrá siempre, en caso de diversidad de interpretaciones, a la interpretación del Consejo de Garantías Estaturarias”, su propio ‘tribunal constitucional’, que avaló la ley antes incluso de su aprobación el pasado mes de marzo. En este sentido, cabe pensar que ante una decisión del Tribunal Constitucional ordenando la suspensión cautelar del euro por receta, la Generalitat podría estar dispuesta a enfrentar esa decisión con la de su Consejo de Garantías Estatutarias para mantener la tasa en un pulso dentro de la deriva independentista.

Por su parte, el Gobierno madrileño, tampoco parece dispuesto a retirar la propuesta. El presidente madrileño, Ignacio González, que ha desvelado que conocía el dictámen del Consejo de Estado antes de tomar la decisión de implantarlo en Madrid, ha afirmado que la tasa entra “dentro de sus compatencias”

Invasión de competencias

Aún así, no lo tendrán fácil, ya que la batería de argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado, que incluye jurisprudencia del Tribunal Constitucional, parece ser sólida. El dictamen detalla los efectos de la tasa y los centra en dos ámbitos. Por un lado, en la invasión de competencias que supone la fijación de una tasa que altere, de facto, el precio de los medicamentos. Por otro, la desigualdad que se crea entre los pacientes catalanes y los del resto del Estado a la hora de acceder a la prestación farmacéutica.

En cuanto al primero de los argumentos, usa la sentencia TC 98/2004, que reza que “la Constitución no solo atribuye al Estado una facultad, sino que le exige que preserve la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español”. Además, indica que la prestación farmacéutica y su financiación pública “constituyen un criterio básico en materia de sanidad, pues satisfacen las exigencias formales y materiales de la legislación básica”. Por ello, el Consejo de Estado expone en su dictamen que las comunidades “no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública”, por ser esta una cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal, según la Constitución.

En cuanto a la creación de desigualdades entre pacientes, el órgano consultivo cita el artículo 23 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad que establece que “todos los usuarios del SNS tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta Ley en condiciones de igualdad efectiva”. Por todo ello, el dictamen establece que “corresponde al legislador estatal garantizar una unidad mínima en las condiciones de acceso” a los medicamentos con independencia del lugar de residencia, así como “evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud”.

La puesta en marcha del euro por receta, así como los movimientos para luchar contra él por la vía legal, no entienden de ideologías ni partidos políticos. En Cataluña, tanto el PSOE como el PP están en contra de la medida impulsada por el gobierno de CiU en esta comunidad autónoma. En el caso de Madrid, las posiciones están enfrentadas. Así, mientras que es el PP desde el gobierno el que impulsa la implantación de esta tasa en la región, por su parte, el PSOE, comandado por Tomás Gómez, quiere iniciar el ataque legal contra el euro por receta.

De este modo, Gómez anunció la semana pasada en el Senado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la implantación del euro por receta en Madrid y Cataluña, debido a la “falta de decisión” del Gobierno y el “riesgo” de que se sumen otras comunidades. Durante su intervención en la sesión de control en el pleno, el senador madrileño preguntó al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, si el Gobierno tiene pensado recurrir ante el Tribunal Constitucional la medida anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de implantar el copago del euro por receta.

Pero no todo el PSOE, al menos el histórico, está en contra del euro por receta. Precisamente, el dictamen del Consejo de Estado hecho público esta semana ha permitido conocer que María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno con el PSOE y que en la actualidad es consejera del órgano consultivo, ha sido una de los dos firmantes de un voto particular frente a la mayoría. Para sorpresa general, Fernández de la Vega entiende que “no existen motivos suficientes para pretender la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 5/2012”, el del euro por receta.