El Consejo Catalán no dará su apoyo a la norma hasta que no fije una cantidad a pagar al farmacéutico
| 2009-02-08T18:38:00+01:00 h |

L. GALLARDO

Barcelona

El decreto catalán de prestación farmacéutica en las residencias geriátricas tendría que haber visto la luz hace muchos meses, pero dificultades en la negociación han ralentizado el proceso. Cuando se prevé por fin una aprobación próxima, los representantes de la profesión consideran que todavía hay cuestiones que se tienen que acabar de concretar. Así, el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña (CCFC) afirmó a EG que no dará su apoyo a la norma hasta que no conozca los detalles. “El proyecto se ha simplificado, por lo que nos es totalmente necesario conocer cuáles serán las especificaciones técnicas para poder decidir”, afirmó María Pilar Gascón, secretaria del CCFC.

No es suficiente que haya sido retirado del proyecto el polémico Decreto 5/2000 de descuentos, lo cual era “lógico”, según Gascón, ya que el sistema de remuneración debe ser distinto, “contemplando de forma diferenciada el pago por servicios profesionales y el pago por el suministro de medicamentos”. Al contrario, cree que quedan por definir cuestiones como las cantidades concretas de la retribución por servicios profesionales que se asignarían. El Consejo autonómico también condiciona su apoyo a la norma que la facturación de las farmacias que se lleve a cabo se haga mediante el concierto actual.

Otra de las cuestiones que no se ve reflejada en la última versión del texto es la participación del CCFC en la acreditación de las farmacias. “La Ley de Colegios Profesionales contempla que una de nuestras funciones es participar en el procedimiento de obtención de la acreditación, demanda que no ha quedado recogida en el proyecto de decreto pero que esperamos que se pueda solventar a través del documento de especificaciones técnicas”, apuntó.

Que la Administración catalana concrete cuáles van a ser los criterios del concurso es una reclamación compartida por la Federación de Farmacias de Cataluña (Fefac), cuyo presidente, Ramón Casanovas, consideró que hay aspectos del texto que son “ambiguos”. Fefac ya impugnó el proyecto de la norma, y volverá a hacerlo si el Departamento de Salud no los convoca para negociar el decreto.