I. G.
Valencia
Los farmacéuticos valencianos han decidido tomar también cartas en el asunto de la Orden de Precios de Referencia (OPR) y decidieron recurrir a la Justicia para que ésta decida sobre la legalidad de utilizar medicamentos autorizados pero no comercializados en la creación de conjuntos para realizar este cálculo.
Por ello, el pasado 27 de enero el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la OPR que entrará en vigor en las oficinas de farmacia el próximo mes de marzo, en el que pidió a la Audiencia Nacional (AN) su suspensión cautelar. Desde el colegio de farmacéuticos valenciano alegaron que la actual orden incluye todavía productos no comercializados, que suponen más del 25 por ciento, por lo que el farmacéutico se vería obligado a sustituirlos si fuesen prescritos por el médico, lo que podría dar lugar a “daños de carácter irreparable”.
En este sentido, la presidenta de los boticarios valencianos, María Teresa Guardiola, explicó a EG que la entrada en vigor de la próxima orden supondrá un 2,8 por ciento de bajada, al que habría que sumar las bajadas de precio de años anteriores, así como las establecidas por los RDL de 2010. “Este sistema no es legal y lesiona mucho al farmacéutico”, defendió Guardiola, que argumentó que el Tribunal Supremo ya anuló el RD 1338/2006, lo que puso en cuestión todo el sistema. Por tanto, la nueva orden incurriría, a su juicio, en una “insuficiencia de rango normativo”.
Asimismo, añadió que la AN ya estimó de forma parcial el recurso presentado por Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) contra la orden de 2008, al considerar la improcedencia de calcular los precios de referencia a partir de medicamentos que no hayan comunicado su comercialización efectiva.
Por todo ello, Guardiola propuso una revisión del sistema, un debate que está cada vez más abierto ante la inminente llegada de los nuevos precios.
