c. r. Madrid | viernes, 06 de julio de 2012 h |

Muy pocos pasos separan el ‘proyecto de desfinanciación’ de medicamentos del Gobierno, entendido como una iniciativa de eficiencia en la gestión del gasto, con garantías de seguridad y equidad para los pacientes, de un ‘proyecto de medicamentazo’, entendido como una iniciativa de mero ahorro de gasto público. Esa distancia la miden los términos de la resolución preparada para ser firmada por la ex directora general de Farmacia, Sagrario Pérez a pesar de que se hizo pública el mismo día en el que se aprobó su cese. La resolución actualiza la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica. A primera vista, ofrece luces y sombras que deben despejarse en un tiempo récord.

Por el lado positivo, el proyecto ha despejado la duda de cuáles serán los pacientes excluidos. Incluye, como adelantó la ministra de Sanidad, Ana Mato, excepciones para pacientes crónicos. Concretamente, para pacientes con enfermedad de Crohn, colon irritable y diverticulosis; encefalopatía portosistémica y paraplejia; claudicación intermitente; carcinoma basocelular superficial y condiloma acuminado, así como pacientes oncológicos, neoplásicos con tos persistente y los que padecen síndrome de Sjögren.

Parte de las críticas que hasta ahora acumula el medicamentazo es que podría penalizar la enfermedad y disminuir la adherencia a tratamientos en pacientes crónicos a través de un efecto disuasorio, si no delimitaba bien estas excepciones. Este argumento ha sido empleado, sin éxito, primero en la tasa por receta implantada en Cataluña, y luego en la nueva aportación farmacéutica en función del nivel de renta.

En ningún caso se contempló al paciente crónico como exento de pago, si bien el Gobierno de Cataluña les tuvo en cuenta para fijar un tope anual de pago, 61 euros, que considera susceptible de pago. Las excepciones a los crónicos no han matizado, sin embargo, las denuncias del PSOE, que asegura que la medida pone en peligro la salud de los pensionistas.

Deficiencias

El otro listado, el que detalla los 426 fármacos a desfinanciar, es el que más dudas presenta. Anefp tiene previsto remitir al Ministerio un informe con las deficiencias que, a priori, presenta dicho listado: bien por omisión, ya que no están incluidas todas las presentaciones de algunos grupos terapéuticos, lo que podría dar lugar a un efecto deslizamiento hacia esas presentaciones que seguirían cubiertas por la sanidad pública; bien por acción, pues el listado incluye medicamentos que no están comercializados y otros, como laxantes inyectables de urgencia, cuya presencia en un listado de fármacos a desfinanciar junto a laxantes de uso ocasional es de muy difícil justificación.

Además, algunos de los medicamentos que Sanidad propone para salir de la financiación pública están dados de baja. Una diferencia fácilmente subsanable, aunque pone de manifiesto ciertas carencias en las bases de datos del Ministerio de Sanidad.

Más allá, para que la desfinanciación se convierta en una herramienta positiva para el sector, y no en un mero recorte, el ministerio debe facilitar un marco de desarrollo a los productos desfinanciados. La resolución no menciona la posibilidad de reconsiderar su estatus legal, de forma que puedan ser dispensados sin receta médica y se les permita promocionarse.

En sus efectos, la resolución solo hace mención a los precios, un apartado en el que el ministerio sí ha prometido participar. El texto insta a los responsables de los productos excluidos que comuniquen al órgano competente, en el plazo de 15 días a contar desde la exclusión efectiva, los precios a los que van a comercializar sus productos.

Al tratarse de una resolución que no agota la vía administrativa, la resolución puede ser recurrida en alzada ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOE.