| jueves, 04 de abril de 2013 h |

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Carmen Peña, así como su homólogo en la patronal Fedifar, Antonio Abril, volvieron a reiterar el apoyo de la máxima intitución farmacéutica española y de la distribución al modelo de farmacia español. Así, mientras que Peña mostró su esperanza de que los políticos españoles se den cuenta de que “la farmacia forma parte del Sistema Nacional de Salud”, Abril precisó que “desvincular la titularidad y la propiedad de las farmacias no aporta ningún beneficio a la prestación farmacéutica española, modélica en todas sus facetas”. Ambos hicieron estas declaraciones durante la inauguración de la VIII edición del Foro de la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (Aproafa), que se celebra entre el 3 y 4 de abril en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) bajo el lema “La farmacia, garantía de acceso al medicamento y al servicio profesional”.

Con ellos coincidió el alcalde de Salamanca y secretario autonómico del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández, que también estuvo intervino en el foro. Según Fernández, el sistema farmacéutico está “muy bien valorado por los ciudadanos y por el servicio que presta” y se ha centrado especialmente en que garantiza el acceso al medicamento de las personas que viven en el medio rural. Por ello, ha advertido de que si el modelo permite acceder a la gestión a las grandes compañías “se perdería empleo y se perderían farmacias en el medio rural”.

Asimismo, aseveró que la modificación del modelo no supondría un ahorro en un momento en el que “es necesaria la reducción del déficit”, por lo que ha concluido que “no tendría mucho sentido” una liberalización del mercado farmacéutico. En este sentido, reconoció que el PP defiende la “liberalización y desregulación” de los mercados, pero matizó que en algunos ámbitos resulta necesario regular de alguna manera, porque si esa liberalización fuera “excesiva” podría resultar perjudicial

Sin valor alguno

Para Abril, “los cambios que se proponen no aportan valor alguno al crecimiento económico, ni a la reducción del déficit, por lo que no generaría ningún beneficio al usuario. Reformar por reformar no parece lógico, y más cuando es algo que funciona bien y es eficiente”. Y es que, según afirmó, acabar con el modelo actual generaría consecuencias muy graves, ya que los estrictos criterios de rentabilidad económica se impondrían a los de interés público sanitario. “Sería perjudicial para la accesibilidad a los medicamentos por parte de todos los ciudadanos, con independencia del ámbito rural o urbano en el que residen”, resaltó.

Por otro lado, el presidente de la patronal consideró que sería “poco responsable” en un momento de grave desempleo, destruir puestos de trabajo en oficinas de farmacia y en el propio sector de la distribución farmacéutica. “Más aún cuando nos encontramos en un mercado fuertemente regulado, con precios autorizados por el Ministerio de Sanidad”, concluyó.