Pablo Martínez, periodista e historiador
Lamentan en muchas oficinas de farmacia una triste realidad de la que no tienen la exclusiva: trabajar más por menos. En Madrid, me explicaban, en enero hubo un 7,30 por ciento de recetas más y un 14,19 menos de ingresos que hace un año. Los genéricos han tirado los precios, y puesto que el margen profesional está vinculado al precio, pues imagínate… La queja está justificada, pero en peor situación se encuentran los parados y, cuando menos en un plano similar, los trabajadores forzados por las multinacionales a aumentar su jornada laboral y cobrar lo mismo bajo amenaza de deslocalización. Los empleados públicos a los que se rebajaron los sueldos o el conjunto de comercios que amplían sus horarios y rebajan sus precios para seguir subsistiendo.
Casi 22 años después de la caída del Muro de Berlín y de que, desaparecido el comunismo, Francis Fukuyama pronosticara “el fin de la historia” por el triunfo absoluto del modelo de economía liberal, esta última ha tenido el grave tropiezo de las hipotecas basura en Estados Unidos, que ha acarreado la crisis económica de los últimos tres años y ha abierto tremendas contradicciones en la Unión Europea. La defensa del euro impide una devaluación que favorecería las exportaciones y, por esa vía, la productividad y el empleo. Sin devaluación, la receta liberal para aumentar la productividad es trabajar más por menos a todos los niveles y, de hecho, se impone como una mancha de aceite por encima de incluso de los gobiernos. El beneficiado, sin cara aparente, es esa entelequia llamada ‘mercado’, que es como un dios pagano cruel que exige cada vez más sacrificios humanos.
En el siglo XX la política keynesiana, que respetaba el mercado pero no lo dejaba desbocado y atribuía al Estado el protagonismo en áreas estratégicas como la sanidad, no fue mal. La farmacia en España es keynesiana, al basarse en un modelo en que el Estado planifica. Keynesianismo e hiperliberalismo no combinan, en consecuencia, la farmacia debe exigir que se le apliquen unas reglas u otras, las chocomagras que exige el Gobierno no son de recibo.
