Pablo Martínez periodista e historiador
La escala Richter, utilizada para medir la intensidad de los terremotos, nos permite clasificar en diez grados magnitudes muy distantes. El terremoto que se produjo en la localidad murciana de Lorca hace dos meses, de cinco grados en esta escala, equivale a la explosión de 199 toneladas de trinitrotolueno (TNT). El que se produjo en Haití en 2010, de siete grados, se equipara a la explosión de 199.000 toneladas de TNT. El de Japón, que se produjo este año, con nueve grados, representa la explosión de 240 millones de toneladas de TNT.
Lamentablemente, en el caso de la prestación farmacéutica pública española no disponemos de una escala como la Richter, a pesar de que se suceden los terremotos, y ello nos impide valorar, comparar y tomar las medidas adecuadas. El punto de partida era un edificio con una prestación homogénea en todas sus plantas. Tras los terremotos de mayor o menor intensidad, llámense: limitaciones a la prescripción electrónica de algunas especialidades, catálogo gallego, subasta en Andalucía o anuncio de adoptar en la Comunidad de Madrid el catálogo de Galicia, no existe una idea clara de lo que está pasando. El edificio, desde luego, tiene daños en su estructura y resulta evidente que tras producirse, por ejemplo, una violenta sacudida en la planta siete, por lo que los de los pisos superiores deben preocuparse por si pudiera provocarse el derrumbe de su base, mientras que los de los inferiores lo deben hacer por lo que se les puede venir encima.
Intento con esta metáfora subrayar que lo que ocurra en las comunidades autónomas de Galicia o Andalucía afecta a todos los vecinos, que ninguno puede despreocuparse si al inquilino de arriba o abajo se le ha dañado una viga maestra y que las reformas en ningún caso pueden ser parciales. Es sabido que en ocasiones, tras un seísmo, los técnicos determinan que hay que derribar el edificio y construir uno nuevo. En otras se revisan y refuerzan las estructuras de toda la construcción y, en los casos cutres se apuntala con unas vigas de madera. Personalmente, tengo la desagradable sensación de que en la prestación farmacéutica no se ha superado la opción del apuntalamiento. Mal asunto, es urgente un diagnóstico preciso y asumir las soluciones adecuadas dentro del gasto que nos podamos permitir.
