Pablo Martínez, periodista e historiador
Leía recientemente una iniciativa de la Fundación Mérieux sobre la formación de los farmacéuticos del futuro frente a los desafíos de los medicamentos falsificados. Con este fin, en la reunión de la Conferencia de Decanos de Facultades de Farmacia de Habla Francesa, el profesor François Locher, decano de la Facultad de Farmacia de Lyon, organizó una reunión específica con sus colegas de Guinea, Burkina Faso, Ruanda, Mauritania, Madagascar, Gabón, Laos, Camboya… Tras reconocer que la lucha contra los medicamentos falsificados es transversal, puesto que participan también médicos, abogados, economistas, policías, funcionarios de aduanas, fabricantes o distribuidores, llegaron a la conclusión que la aportación de los farmacéuticos debería centrase en la organización de la farmacovigilancia para documentar los efectos adversos de los medicamentos falsificados. Que excelente idea y que buen planteamiento, pensé. Abordan un problema global, establecen su posición y definen un papel en función de sus posibilidades. Por otra parte, responden a intereses que les afectan, los de la industria gala en su principal área de influencia.
Me desanimó comprobar que impulsos de este tipo no se produzcan en España. No respecto a fármacos falsificados, algo que afortunadamente todavía nos resulta lejano, sino con relación a la sostenibilidad del sistema sanitario y la joya del mismo, la prestación farmacéutica pública. Tenemos un problema global de financiación que afecta a todas las comunidades, las responsables del gasto en medicamentos, y en lugar buscar una solución común nuestros políticos se tiran los trastos a la cabeza. Desde comienzos de año asistimos a una desmembración del modelo farmacéutico con iniciativas locales e insolidarias. La comunidad del medicamento, la única que tiene una visión global del problema y padece de manera terrible sus consecuencias, debe alzarse, decir basta y exigir una alternativa global. Como en el caso de los decanos francófonos, lo primero es definir la responsabilidad de cada agente social. Después determinar lo que cada uno deba aportar. ¿Para cuando?
