Pablo Martínez
Periodista e historiador
Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) nos encontramos inmersos en una dicotomía de intereses con respecto a la salud y la sanidad. Excluidos del ámbito de la Directiva de Servicios Bolkestein, los servicios de salud oscilan: entre el respeto al principio de subsidiariedad por el que se atribuye su organización a los Estados miembro en función de la seguridad y calidad de dichos servicios, y la pugna del respeto a la libertad de establecimiento y circulación recogidos en el Tratado de la Unión.
Como es conocido, este debate afecta de pleno a la farmacia española a través del dictamen motivado de 2006, cuyo futuro esta ligado al llamado ‘caso italiano’, que con un planteamiento muy parecido nos precede en el tiempo y en la resolución que adopte el Tribunal Superior de Justicia Europeo.
El escenario es más complejo. Existe un proyecto de directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza que se centra en la movilidad de los pacientes por los diferentes Estados, pero no hace referencia a los profesionales sanitarios lo que constituye un vacío normativo peligroso. Por otra parte, existe una compartimentación que separa al profesional farmacéutico, dependiente del ámbito de Mercado Interior, del medicamento, incluido en Salud y Medio Ambiente. Finalmente, la próximas elecciones al Parlamento Europeo pueden variar las actuales correlaciones de fuerzas entre liberalizadores de servicios y defensores de que los Estados apliquen restricciones.
Mientras tanto, algunos Estados miembro legislan sobre cuestiones en las que es muy difícil establecer las fronteras, como es el caso de la venta de medicamentos a través de Internet. Bélgica ha regulado que se haga por medio de una farmacia física abierta al público, pero permite la entrega a través de una mensajería. Francia ha establecido igualmente que se haga mediante una farmacia en la que, además, el paciente tendrá que recoger el medicamento.
Todo este panorama es una muestra de lo lejos que se encuentra la Europa de la salud.
