El año que puso a prueba la prestación farmacéutica

Carlos B. Rodríguez

Madrid

El Consejo Interterritorial del 18 de marzo marcó un antes y un después en la política farmacéutica. Más allá de las consecuencias derivadas a nivel estatal (reales decretos leyes, unidosis, Orden de Precios de Referencia…), la cita puso de acuerdo a las 17 comunidades autónomas sobre la necesidad de ahorrar aún más en farmacia. Sin embargo, esta conclusión general, abandonada a la inagotable capacidad de imaginación que han demostrado tener sus 17 gestores, ha derivado en un mapa de la prestación farmacéutica difícil de imaginar hace sólo un año, y que podría empeorar en 2011.

Extremadura ha sido la última en sumarse a una serie de iniciativas que han calado hondo a lo largo de todo el año. Las regiones las llaman ‘medidas de uso racional’; Farmaindustria, ‘atajos’ para contener la factura farmacéutica. Pero, como ocurre con los atajos, éstos a veces tienen sus peligros. En este caso, ruptura del mercado farmacéutico, modificación sustancial del modelo de farmacia y riesgo de desabastecimiento por comercio entre comunidades.

La de que “habrá que ir a por los fármacos en Ponferrada” es, de hecho, una de las frases más sonadas tras la aprobación, la semana pasada, del catálogo gallego de fármacos en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia. Para conocer la esperada reacción del Ministerio de Sanidad habrá que esperar, como mínimo, hasta el 21 de diciembre, fecha prevista para su aprobación definitiva.

Del papel al borrado

Este Pleno del Parlamento gallego es el punto y seguido de una espiral de trabas que empezó en marzo. Ocho días después del Interterritorial, y un mes antes del primer Real Decreto-ley estatal, Castilla-La Mancha puso en marcha el primer atajo: las recetas en papel. Mediante una instrucción del 26 de marzo, la consejería de Fernando Lamata desactivaba varios medicamentos del sistema de prescripción electrónica Fierabrás. En concreto, informaba de la supresión en el sistema de todas las formas orales y tópicas de dexketoprofeno y desloratadina, así como las marcas de atorvastatina y clopidogrel.

Quizá por ser el primero, el paso dado por Lamata no limitaba tan directamente la capacidad de prescripción. Los médicos, de hecho, podían recetar atorvastatina y clopidogrel en papel. Pero es difícil ya que, en una tendencia de informatización creciente, los talonarios de recetas no siempre están en la mesa del facultativo, lo que supone la expulsión de facto del medicamento original. Y más allá, aunque se recetaran en papel no quedarían registrados en el historial clínico electrónico, lo que dificultaría el seguimiento farmacoterapéutico del paciente.

El País Vasco tomó buena nota. En junio, tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, Rafael Bengoa inició el segundo atajo autonómico para la contención del gasto, el que Farmaindustria llama ‘el borrado de las marcas’. La consejería cogió cuatro medicamentos de elevado consumo y decidió que en el sistema de prescripción aparecieran sólo con el nombre del principio activo. Similar a lo llevado a cabo en Castilla-La Mancha, pero con una traba más en lo que se refiere a los médicos. Éstos podían seguir recetando las marcas en papel, pero debían informar a su dirección médica, a través de un informe que justificara su decisión.

De la copia a la extensión

Fue cuestión de tiempo, un mes escaso, que el modelo Bengoa fuera importado por Cantabria, que optó por la moderación, al implantar el sistema ‘sólo’ a los medicamentos que contengan atorvastatina y clopidogrel. Otras no fueron tan conservadoras. A la espera de la orden de precios anunciada en el Interterritorial, y al ser una de las comunidades que menos bajó su gasto farmacéutico tras las medidas aprobadas el 18 de marzo, Galicia apostó fuerte por la baza de recetar el fármaco más barato, y lo quiere para todo el nomenclátor.

En su caso, el ‘borrado’ de algunas marcas se ha convertido en un tercer atajo del que, por el momento, es su único exponente: el catálogo. A la espera de saber qué pasa con él, al menos una comunidad, Asturias, aseguró barajar entre sus opciones la de la consejera gallega, Pilar Farjas, o la de Bengoa.

Quizá porque el futuro del catálogo no es muy claro, Extremadura decidió no pillarse los dedos y enfocó su estrategia como una extensión de la de Castilla-La Mancha. Sin embargo, allí donde el consejero Fernando Lamata restringió la prescripción electrónica de las marcas de dos principios activos, la consejera extremeña, María Jesús Mejuto, lo ha extendido a siete.

Igual de peliaguda que la decisión de Galicia de crear su catálogo es la de la consejera andaluza María Jesús Montero de crear una licitación pública de principios activos (a determinar por el SAS) que adjudicaría la exclusividad en el mercado andaluz al fármaco ofertado al precio más barato.

Son seis ejemplos de trabas a la prescripción. Pero el ahorro farmacéutico se ha extendido a todo el SNS de una u otra forma. Queda por delante un largo periplo en instancias judiciales: muchas de las comisiones asesoras creadas por las comunidades han sido denunciadas por Farmaindustria, que ha ganado una primera batalla en Madrid. A ello se suman los DH o programas de intercambio terapéutico, con listados que siguen creciendo en algunas regiones.