FRANCISCO ROSA Madrid | viernes, 17 de enero de 2014 h |

Pese a que el plazo para la presentación de recursos contra el acuerdo marco para la compra centralizada de productos sanitarios concluía el pasado 24 de diciembre, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) disponía de solo cinco días para emitir una resolución, lo cierto es que dicha respuesta no había llegado al cierre de esta edición.

Compañías y expertos consultados han confirmado que siguen a la espera de un pronunciamiento, pese a que las previsiones más pesimistas apuntaban a la segunda semana de enero. “El periodo para la presentación de ofertas terminaba el 14 de enero y es posible que el Ingesa, a pesar de los recursos, haya abierto los sobres. En ese caso, dispondrá de información que podría perjudicar a los suministradores en caso de que el procedimiento se anule”, aseguran fuentes jurídicas.

Una anulación que parece obligada, según las citadas fuentes. “Es de esperar que se proceda a la suspensión cautelar para analizar los recursos y después lo lógico sería que se instara a un nuevo desistimiento por parte del Ingesa. Va a ser prácticamente inevitable que se redacten nuevos pliegos”, manifiestan. Esto se debe a que hay varios argumentos de peso entre los recursos presentados por las compañías.

Así, entre los argumentos empleados por los suministradores recurrentes destaca uno que tiene que ver con la propia convocatoria. El Ingesa ha promovido un acuerdo marco con varios empresarios, pese a que, al ser contratos de entrega sucesiva por precio unitario, la ley (artículo 9.3.a del TRLCSP) establece la obligatoriedad de contratar con un único empresario.

Otro de los aspectos que han sido cuestionados es el de la ponderación del precio y la calidad en segunda fase. Al parecer, el Ingesa habría circulado una nota aclaratoria a los afectados, aunque se trata de una corrección que no viene incluida en los pliegos, por lo que no se ha hecho oficial.

Otro aspecto que genera incertidumbre es el hecho de que no se determinen los volúmenes que se van a adquirir. En el caso de las tiras de determinación de glucosa supone un hándicap adicional, ya que, aunque se dice que se exigirá un glucómetro por cada 2.000 tiras, no se precisa el volumen de compra sobre el producto principal.

Las compañías también han centrado sus recursos en aspectos relacionados con las últimas modificaciones legales en el campo de la contratación pública, introducidas por la puerta de atrás con la aprobación de la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana, y la de Apoyo a Emprendedores. La primera obliga a cerrar el presupuesto del acuerdo marco, mientras que el Ingesa habla de números estimativos. La segunda impide beneficiar a empresas que hayan contratado previamente con la administración, aunque en el acuerdo marco se exige para acreditar solvencia técnica.

Por otro lado, existen criterios objetivos y subjetivos de adjudicación de los contratos derivados en los que no se precisa una fórmula de ponderación. Por último, es posible que con los requisitos de humedad exigidos en el lote 4 se esté limitando la concurrencia, ya que solo una compañía cumple con los requisitos exigidos. “Esa empresa, curiosamente, podría recurrir si se aceptaran otras ofertas”, señalan los expertos.