Lejos de ofrecer certidumbre y cohesión a las compañías que vayan a participar en la central de compras de medicamentos, el pliego de cláusulas administrativas para la selección de suministradores que ha publicado el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) lo que hace es sembrar la senda de dudas. La falta de definición del mecanismo con el que se pretende garantizar el pago a los proveedores, el carácter estimativo del volumen que adquirirán las comunidades autónomas y la posibilidad que tendrán estas para aplicar los criterios técnicos en las proporciones que mejor les convengan mantiene a las farmacéuticas afectadas en vilo. Tanto es así, que muchas de ellas, según ha podido saber EG, se están planteando apearse.
El principal problema con el que se han encontrado las compañías es que con que no hay noticias de la garantía de pago. Y teniendo en cuenta los precedentes la preocupación es comprensible (Farmaindustria y Fenin han anunciado recientemente que la deuda acumulada en 2012 asciende a los 6.000 millones). A este respecto, fue José Julián Díaz, director del Ingesa, quien reconoció, durante un acto organizado por el IE Business School, que pese a que los concursos se pondrán en marcha en los próximos días “el Ministerio de Hacienda aún no ha terminado de diseñar el mecanismo con el que se cubrirán los posibles retrasos en los pagos de los servicios regionales”. Y eso, pese a que fue en septiembre del año pasado cuando Agustín Rivero anunciaba que se estaba trabajando en ello.
A pesar de todo, es de esperar que finalmente se ponga en marcha, ya que se trata de una disposición incluida en la Ley de Presupuestos Generales de 2013. Lo que no pudo aclarar el director del Ingesa es si estará listo para el próximo concurso, que según adelantó ya se está preparando y podría hacerse público en un mes.
Otro de los aspectos que preocupa es la variabilidad de los volúmenes que adquirirán las diferentes comunidades autónomas. Díaz adelantó que lo que se han hecho hasta ahora son estimaciones y que se brindará la posibilidad a los servicios regionales de que adapten las cantidades a sus necesidades, lo cual juega en contra de la seguridad que necesitan las compañías para tomar una decisión de este calado, teniendo en cuenta que algunos productos tendrán que asumir descuentos por encima del 80 por ciento.
Requisitos técnicos
En esta misma línea, los pliegos ofrecen a los servicios regionales cierta libertad para la aplicación de los criterios técnicos. Aunque, como ya ha trascendido, el precio será criterio único en la primera fase de los concursos, luego serán las comunidades autónomas las que jueguen con las proporciones en la aplicación de dichos requisitos, entre los que se encuentran los descuentos por precio unitario en función de los volúmenes de compra u otras circunstancias que se consideren oportunas, el número de presentaciones disponibles, la posibilidad de un intercambio electrónico de datos, la garantía de abastecimiento continuo y los plazos de entrega de los pedidos.
Los servicios regionales podrán dar una puntuación de entre 20 y 50 sobre 100, aunque tendrán también la posibilidad de aplicar únicamente el criterio de precio. Esta indefinición, que deja a las compañías a expensas de los organismos contratantes, fue criticada por los asistentes a la jornada del IE, en la que había muchos representantes del sector interesados en conocer los entresijos del nuevo sistema.
Además de tratar de aclarar estos temas, algunos de estos representantes mostraron, durante el turno de preguntas, su disconformidad con la acumulación de descuentos y solicitaron un cambio legal que permita que los descuentos del 7,5 y el 15 por ciento recogidas en los reales decretos 8/2010 y 9/2011, no se aplicaran, al igual que sucederá en los precios seleccionados. De lo contrario, se quejaban, la erosión del precio de estos medicamentos, la mayoría de ellos protegidos por patente, sería muy significativa. Para justificar la elección de estos productos, Díaz señaló a las comunidades. Según han constatado desde el ministerio, fueron los servicios regionales los que hicieron la selección de los productos que consideraban más oportunos.
Voluntariedad
Después de recibir las quejas, el director del Ingesa fue claro y a la vez que mostró su comprensión con las reclamaciones de los asistentes, recordó que si hay un elemento que define a la compra centralizada es la “voluntariedad”. “Nadie va a obligar a los laboratorios a que se presenten”, admitió, a la vez que reconoció que el hecho de que sea el primer concurso podría pasar factura y admitió la posibilidad de que haya lotes que queden desiertos. “Si eso pasa”, dijo Díaz, “tendremos que plantearnos la posibilidad de reformular los pliegos y el propio sistema de adquisición”.
Hasta que eso ocurra, el director del Ingesa confía en que este instrumento sirva para generar ahorros y eficiencia, que al fin y al cabo es el objetivo final de la compra centralizada. Además de eso, la idea es poner fin a las prácticas de algunas compañías, que estaban jugando hasta ahora con varios precios y de lo que se trata es de que todos los centros sanitarios del país cuenten con los mismos productos y al mismo precio. Los responsables de la industria defendieron estas diferencias dado que “no todos los servicios de salud ofrecen, por ejemplo, las mismas garantías de pago a sus proveedores”.
