Sanidad no valoró la petición de Galicia de discutir una legislación nacional que extrapolase la iniciativa en trámite en el Parlamento gallego

Las comunidades del PP piden la aplicación inmediata de la orden de precios y critican la financiación pública de los anticonceptivos

| 2010-10-22T16:47:00+02:00 h |

carlos b. rodríguez

Madrid

Nadie diría que entre la foto del Interterritorial del 18 de marzo y el que se celebró la semana pasada en Palma de Mallorca han pasado sólo siete meses. Pero las comunidades necesitan ahorros inmediatos y la impaciencia ha hecho mella en el acuerdo unánime que cerró el pleno sobre sostenibilidad. Las autonomías del PP, encabezadas esta vez por Galicia, exigieron al ministerio la aplicación inmediata de las iniciativas anunciadas de ahorro en el gasto farmacéutico y que tomara en consideración la propuesta gallega de recetar el fármaco más eficiente, para legislarla a nivel nacional. Pero ni una cosa, ni la otra.

Los consejeros volvieron a sus autonomías sin conocer el calendario de aplicación de las medidas del 18 de marzo. Nada se sabe de la central de compras. Su creación inmediata iba a hacer posible que las comunidades adquirieran las vacunas de la gripe, pero las campañas de vacunación ya han comenzado y de la central no hay rastro. La incertidumbre ronda también la Orden de Precios de Referencia, para la que las autonomías del PP piden la aplicación inmediata. Su retraso, según la consejera gallega de Sanidad, Pilar Farjas, ha perjudicado a Galicia en más de 60 millones de euros.

Pero no es ése el punto que más dolió a la consejera, que remitió una carta al ministerio para solicitar la inclusión en el orden del día de una posible legislación a nivel nacional que garantice la elección del mejor fármaco al menor precio. Ello evitaría normas dispares en las autonomías y daría a la proposición de ley gallega una cobertura legal que a fecha de hoy es dudosa. Al ser una proposición de ley del Parlamento, Farmaindustria dice que sólo el Gobierno central podría emprender acciones. No obstante, el del PSOE gallego ha anunciado que presentará un recurso si el ministerio no lo hace. Pero la propuesta ni se valoró, ni se discutió. El motivo es que no estaba previsto al no haber sido planteada ante la Comisión Delegada.

A la salida, nuevo enroque de posiciones. Además de Galicia, Madrid, Canarias, La Rioja y Castilla y León dijeron haber reclamado medidas para garantizar la sostenibilidad. La todavía ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, manifestó que nadie planteó propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Así, y aunque se mostró dispuesta a abarcarlo, Jiménez trasladó este debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que deja en punto muerto el debate del copago, que ya había sido remitido al Interterritorial por los consejeros de Economía. Por cierto, del ‘Informe Vilardell, nada. Según Jiménez, nadie lo propuso, ni lo mencionó en el Interterritorial.

Más leña al fuego

Se trató, sin duda, de una despedida agridulce por parte de Jiménez en el que fue su último Pleno como ministra. Ni tan siquiera los puntos que se aprobaron lograron el visto bueno del PP. Por un lado, el proyecto de real decreto que garantiza tiempos máximos para cinco procedimientos ya se considera ampliamente superado en alguna comunidad, como Canarias, que desde 2006 tiene garantizados 61 procesos con la mitad o menos tiempo aun de los que propone el ministerio. Su titular de Sanidad, Mercedes Roldós, criticó duramente un orden del día que consideró “vacío de contenido en una situación dramática para el SNS”.

Por otro lado, y lejos de dar respuesta al problema financiero del SNS, las comunidades del PP criticaron que el Gobierno decida echar más leña al fuego al añadir a la financiación pública los gastos de los anticonceptivos. El consejero de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, calificó esta decisión de “irresponsable”, y aseguró que con ella el SNS “se acerca a pasos cada vez más rápidos a su absoluta inviabilidad financiera”.

Las comunidades del PP pidieron una memoria económica para conocer el impacto de la medida en un momento de crisis como el actual, pero por el momento deben conformarse con lo conseguido por el consejero de Castilla y León. Francisco Javier Álvarez Guisasola pidió a la ministra retrasar el acceso a los anticonceptivos de nueva generación, más caros, hasta que se prevea una financiación adecuada por parte del Estado. Jiménez garantizó que, “de momento, no entrará en vigor”.

Martínez Olmos: “Los problemas se pueden resolver”

¿Se puede mantener el SNS? ¿Qué reformas son necesarias y quién las debe hacer? Estas preguntas amenazan con abrir una brecha en el consenso que el CISNS alcanzó el 18 de marzo. Sin embargo, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, es optimista de cara al futuro. “Es cierto que la crisis condiciona, pero los problemas se pueden resolver”, aseguró la pasada semana en el I Foro de la Distribución. El debate en materia de sostenibilidad no es, para empezar, exclusivo de España. Se trata de un asunto de primer orden en toda Europa y, según él, para garantizar su viabilidad y dar estabilidad al sistema el modelo español “requiere alguna reforma, pero es un modelo consolidado”.

Varios motivos impulsan el optimismo del secretario general. Por un lado, su idea de que el coste del SNS “puede ser asumido perfectamente”. España destina un 6,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a sanidad. “No es el país que más porcentaje destina, pero sí el más eficiente”, reconoció Martínez Olmos.

Por otro lado, la voluntad compartida en todo el sistema de que la innovación se incorpore a la prestación sanitaria. “Si el Sistema Nacional de Salud ofrece servicios necesarios, innovadores y de calidad los ciudadanos querrán seguir pagándolos, con independencia del sistema de pago que se establezca en un futuro”, concluyó.