a.c./j.r.
Madrid
El acceso de los pacientes a sus tratamientos debería ser equitativo, tanto en plazos como en formas, en todo el territorio nacional. Ahora bien, la realidad pone de manifiesto que “la equidad en ese acceso está condicionada por factores tan dispares como el lugar de residencia (rural o urbano) y, sobre todo, la intensidad que cada comunidad autónoma destina a sostener y mejorar los recursos sanitarios, tanto humanos como materiales, en su territorio”, resume como ejemplo de la situación actual Emilio Marmaneu, presidente de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Ceafa).
La descentralización de las competencias en materia sanitaria existente en España ha provocado que nos encontremos con 17 sistemas de salud diferentes, en los cuales “se lleva a cabo un plan estratégico de política farmacológica distinta al de resto de regiones”, indica Amparo González, coordinadora de la Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C (AEHC). El resultado de esta diversidad de planificación no es otro que, a la hora de acceder a un mismo tratamiento, según el lugar de residencia del paciente, se le financie todo o parte de mismo, se le administre con mayor o menor rapidez, se necesiten más o menos procedimientos burocráticos para dar validez al acceso y otras múltiples variables que sólo provocan un agravio comparativo entre el colectivo de pacientes.
Sin entrar a valorar la idoneidad de la descentralización sanitaria, las asociaciones de pacientes sí consideran que, en lo referente al acceso a los tratamientos, las actuaciones deben estar lideradas a nivel nacional, no autonómico. Por ello, “debería establecerse un plan nacional para todas las CC.AA.”, insiste González.
“Para que haya una verdadera equidad, es necesario que organismos como el Consejo Interterritorial asuman el importante papel que la legislación le otorga como organismo para la Cohesión y Calidad sanitaria”, señala María Teresa Palente, secretaria general de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar (FHF). Un parecer al que también se suma María Mercedes Pastor, de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), al considerar que el colectivo de pacientes, en particular, así como el Estado, a nivel general, “requieren sin más dilación que prestaciones básicas y esenciales como son las sanitarias tengan un adecuado tratamiento por parte de la Administración en lo referente a su concreción”. Esta responsable de Feder dice además que “deben estar suficientemente ordenadas y sistematizadas las modalidades, especialidades y tratamientos que garantice el Sistema Nacional de Salud”.
Por su parte, Antonio Gimón, presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma), recuerda que la salud “es un derecho fundamental” y, por tanto, “la cohesión territorial debe ser vista como un principio estratégico, puesto que cuanto mayor sea esta cohesión, más equitativo será el acceso de los pacientes a las prestaciones en el SNS”.
Innovaciones terapéuticas
En lo referente al acceso a las innovaciones, diagnósticas y terapéuticas, las asociaciones de pacientes coinciden en señalar que, en líneas generales, “sí” está garantizado en nuestro país, aunque vuelve a saltar a la palestra las diferencias autonómicas como aspecto negativo. “La mayor facilidad de acceso a estas innovaciones va a depender de la comunidad en la que se produzcan, siendo más limitado —o postergado al menos en el tiempo— en aquellas otras en las que no se privilegie una clara apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas en este sentido”, señala Marmaneu.
Los distintos niveles de formación de los profesionales autonómicos también se revelan como otro aspecto fundamental. Así, “dependiendo de la información y formación que tengan tanto el médico de atención primaria como de los facultativos de los hospitales de referencia se tendrá mayor o menor facilidad para acceder a las innovaciones”, apunta Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Española contra la Osteoporosis. Una formación e información que debe ser proporcionada por la propia Administración. “De los organismos autonómicos depende la información que reciba el especialista”, indica Amparo González, la presidenta de la AEHC.
