Marta Ciércoles
es periodista del diario ‘Avui’
Italia, Irlanda y el Reino Unido lo hicieron sin complejos. De un día para otro, los gobiernos de estos tres Estados europeos aplicaron la prohibición de fumar en todos los espacios públicos y, pese a la desconfianza inicial de muchos, no se produjo ninguna hecatombe. Son tres ejemplos que demuestran que es posible prohibir el consumo de tabaco, incluso en bares y restaurantes, sin que ello suponga un problema más allá de la adaptación de los ciudadanos a las nuevas circunstancias.
Pero España tenía que volver a ser, una vez más, diferente. Así, en lugar de aprovechar y apuntarse a la tendencia que poco a poco se impone en toda Europa, el Gobierno español va y aprueba una ley de prevención del tabaquismo que se puede considerar absurda. La ley, que se encuentra en vigor desde el año 2006, se ha quedado a medio camino, permitiendo excepciones que, además de desvirtuar totalmente el objetivo de proteger la salud pública, tal y como viene recogido en la ley, son claramente discriminatorias.
Uno de los aspectos que más ha mejorado esta ley ha sido la práctica desaparición del humo ambiental en los lugares de trabajo. Este logro, que fue especialmente notorio durante el primer año de aplicación de la norma, se ha visto mermado con el paso del tiempo por dos motivos. El primero es una cierta relajación que ha dado lugar a conductas más permisivas que se traducen, por ejemplo, en directivos y empleados que vuelven a fumar en despachos privados o en espacios más o menos aislados y escondidos. Esta conducta más permisiva también se observa en aquellos bares que superan los 100 metros cuadrados y que, pese a estar obligados por ley, no han instalado una zona de fumadores aislada del resto del establecimiento.
Pero el segundo motivo es mucho más grave, en parte porque es consecuencia de un defecto de fabricación de la propia ley. ¿Cómo se ha podido permitir que los trabajadores del sector de la hostelería sean los únicos a los que se les niega la protección frente al humo ambiental? ¿Por qué todos los ciudadanos tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de humo excepto este sector, la salud del cual está a merced de la decisión de los propietarios de los negocios? Y, de esta forma, llevamos ya más de tres años.
Un estudio presentado recientemente y coordinado por el Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha analizado la situación de los trabajadores del sector en los últimos tres años en diferentes comunidades autónomas. El trabajo, que ha sido publicado en la revista Plos One, constata que, mientras que la exposición al humo ambiental del tabaco se ha reducido en un 72 por ciento para los trabajadores que llevan a cabo su jornada laboral en establecimientos libres de humo, para los que lo hacen en locales donde está permitido fumar sin restricciones la reducción ha sido tan sólo del 19,4 por ciento.
Según cálculos de los expertos del Instituto Catalán de Oncología que han elaborado el estudio, si la ley prohibiese fumar en todos los locales se evitarían hasta mil muertes de trabajadores de la hostelería. Unas cifras que han tomado como base una vida laboral de 40 años. Los hechos hablan por sí solos.
