Marta Ciércoles, redactora de Salud del diario ‘Avui’
En un momento en que la crisis nos desborda miremos hacia donde miremos, en que las hipotecas y la inseguridad laboral tienen angustiado a medio país (a más de medio, en realidad), vuelve a salir a la luz la palabra maldita: el copago sanitario. En este caso referido a los medicamentos. Y ha vuelto a ser la consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli, quien ha reabierto el debate, después del revuelo creado hace cuatro años con su propuesta del euro por visita médica.
Geli propuso en una conferencia ante representantes de la industria farmacéutica la revisión del sistema actual de copago de los medicamentos. En su opinión, no es equitativo que un jubilado con un nivel de renta elevado pueda conseguir sus medicamentos gratis mientras un empleado activo (o peor todavía, en paro) y con familia a cargo debe abonar un porcentaje del precio.
Al margen de compartir o no el trasfondo de ésta y otras propuestas de copago, que muchos expertos en gestión sanitaria comparten, como medidas dirigidas a racionalizar el uso (y evitar el abuso) de los servicios y prestaciones públicos, quizá el momento no es el más adecuado para abrir este tipo de debate. Al menos no para abrirlo de forma sosegada, como requeriría.
Pero volvamos a la crisis, que no sólo notamos los ciudadanos en nuestro día a día, sino que también las administraciones públicas —locales, autonómicas y central— sufren de cerca con la caída de los ingresos vía impuestos. En 2009, las necesidades sanitarias de la población serán las mismas, si no mayores, que en años anteriores, pero el crecimiento de los presupuestos dedicados a sanidad y a otras prestaciones públicas ya se han anunciado mucho más austeros. Las cuentas no salen.
Oposición, sindicatos, asociaciones de pacientes y demás organizaciones se han dado prisa en criticar la propuesta de la consejera Geli. Las razones varían, pero, en el fondo, todas las críticas confluyen en un argumento: la crisis está siendo dura para todos los sectores y parece que repercutir todo el coste sobre los ciudadanos no debería ser la solución. De momento, ni el ministro de Sanidad, Bernat Soria, ni siquiera el equipo de gobierno de Geli están por la labor.
Pero que la propuesta lanzada al viento por Geli no sea oportuna, de hecho, más bien se trataría de un globo sonda más, lo cierto es que la consejera hace bien en poner sobre la mesa la necesidad acuciante de priorizar la financiación sanitaria si la apuesta en este país sigue siendo por una sanidad pública de calidad. Y las dificultades crecen. No sólo por la crisis, sino por otros factores como el aumento de la población y de la demanda de servicios sanitarios que muchas comunidades han experimentado en pocos años. El reto se merece un debate profundo y valiente.
