Mucho han cambiado las cosas en dos años. Con independencia del color político que impera en casi toda España. Porque los que ahora gobiernan, a estas mismas alturas de 2010 se negaban en redondo a hablar de cualquier tipo de copago. Con 48 meses de diferencia, el Interterritorial ha vuelto a hacer historia, pero con un matiz que demuestra que a veces un año pasa y no todo sigue igual. A veces algo ha cambiado. Para bien o para mal.
Hace un año, tras el Interterritorial de marzo de Trinidad Jiménez ninguna Administración se atrevía a implantar el copago. Meses después, la tasa por receta catalana de Artur Mas convertía en real lo impensable… O mejor dicho, en imprescindible lo inevitable. Mucho han tardado los gestores en reconocer (no decimos ver porque seguramente muchos lo tenían claro desde hace mucho) que el copago tal y lo hemos conocido hasta ahora era profundamente injusto, y esa injusticia se hacía cada vez más manifiesta a medida que la crisis hacía mella en la economía y crecía el número de parados y parados de larga duración que han agotado su prestación por desempleo.
Desde este punto de vista es indudable que el segundo Consejo Interterritorial de Ana Mato ha sido valiente. Es cierto que el copago aprobado por la ministra y los consejeros podría haber incluido más tramos, para asegurar aún más su impacto progresivo en función de la renta personal. Pero sin duda es un paso en el que se puede profundizar. Es absurdo, y muy poco útil además, oponerse por las bravas, esgrimiendo razones que parecen más populistas que de sentido común.
Partiendo de la base de que era necesario ahorrar 7.000 millones, de lo que se trata más bien ahora es de garantizar que los esfuerzos que se están pidiendo a los ciudadanos en un asunto tan trascendental como la sanidad permanezcan en el sistema. La experiencia ya ha demostrado que los ahorros que hasta ahora se han exigido y se siguen exigiendo a los agentes de la cadena del medicamento no siempre han servido para tal fin. Es necesario que los ahorros del Interterritorial se adopten para garantizar la sostenibilidad del SNS, no para reducir el déficit público.
