El proyecto de decreto de Medidas Urgentes sobre Prestación Farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía contenta a los farmacéuticos rurales e indigna al resto del sector
| 2011-07-15T16:20:00+02:00 h |

La Consejería de Salud de Andalucía se va a salir con la suya y tras el verano podrá en marcha la subasta de fármacos, algo que recoge el proyecto de decreto de Medidas Urgentes sobre Prestación Farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Y se saldrá con la suya después de tratar de ‘colar’ ese gato por la gatera que quería que constituyese el concierto firmado con el Consejo Andaluz de Farmacéuticos (Cacof), algo a lo que los farmacéuticos andaluces se negaron. Ahora, vía decreto, la consejería que dirige María Jesús Montero, con el beneplácito del Ministerio de Sanidad, podrá en marcha un sistema que rechaza la mayor parte del sector del medicamento.

Está claro que en el proyecto de decreto impulsado por la consejería tiene más sombras que luces. Unas luces que se reducirían al guiño que Montero ha hecho a los farmacéuticos rurales, a los que ha prometido destinar el 10 por ciento de los beneficios que se generen por poner en marcha estas subastas de fármacos. Un caramelo que, tal y como está la situación actual, han agradecido los farmacéuticos rurales. Un agradecimiento que ha llevado un recado aparejado: la administración les ha dado algo que no les han facilitado sus compañeros no rurales. Si la intención de la consejera Montero era aplicar el axioma: “divide y vencerás”, ha acertado de pleno. Si la intención era ganar adeptos a la causa, también.

En el otro extremo de la balanza se sitúan los colegios de farmacéuticos andaluces, que si bien no sufrirán pérdidas económicas directas, más allá de los descuentos que ya no tendrán por parte de laboratorios, sí creen que limita su gestión. Lo mismo opinan desde la distribución, que denuncian que se pone en peligro el actual acceso de los pacientes a sus tratamientos, ya que el decreto que autoriza el concurso público de fármacos juega con el equilibrio de las economías de los agentes de la cadena del medicamento. Por no hablar de Aeseg o Farmaindustria, que estiman que las subastas de medicamentos provocarán inequidades en el acceso, romperá la unidad de mercado, perjudicará al empleo e invadirá competencias estatales.