La utilización de equivalentes terapéuticos en el Sistema de Precios de Referencia
desincentivaría a todo el sector, especialmente a médicos y compañías innovadoras y de genéricos
La puesta en marcha de un sistema de precios de referencia (SPR) basado en equivalentes terapéuticos, tal y como ha propuesto Juan José Güemes, consejero de Sanidad de Madrid, no parece que sea una medida proporcionada para reducir el gasto en medicamentos en relación al daño que acarrearía. Desde los médicos a los farmacéuticos, pasando por los pacientes, la distribución y las compañías innovadoras y de genéricos, todos perderían. En primer lugar, se estaría negando a los pacientes la posibilidad de beneficiarse de las pequeñas mejoras que poseen los fármacos más modernos, aunque estén en el SPR, respecto a otros más antiguos.
Es cierto que la farmacia tendría un papel sanitario mayor, desarrollaría más ampliamente su rol de técnico del medicamento y tendría más peso en el manejo terapéutico del paciente. Pero, por el lado negativo, al igual que en el caso de la distribución, su facturación caería mucho en el ámbito del SPR.
En el caso de las compañías de marca, éstas verían desincentivada la investigación de equivalente terapéuticos que aportan mejoras, en algunos casos significativas. Con ello, se perderían oportunidades de encontrar nuevas terapias mucho más eficaces y seguras que las anteriores, aunque fueran parecidas desde el punto de vista terapéutico.
Esta medida tampoco favorecería a las compañías de genéricos, que sobreviven gracias a la continua entrada de nuevos productos en el SPR, con un precio y un margen superior a los que llevan más tiempo en él. De este modo, no tendrían ningún incentivo por incorporar nuevos productos a su vademécum porque no tendrían salida posible. Una cuestión que, además, desincentivaría los intentos de sacar cuanto antes EFG al mercado.
Desde el punto de vista del médico se estaría acabando con su libertad de prescripción, al tiempo que sus consejos al paciente de poco servirían ya que el producto a dispensar diferiría del prescrito, mucho más que la marca o el fabricante, como sucede ahora.
Por último, tampoco ganaría la Administración, ya que crecería el porcentaje de deslizamientos de la prescripción fuera del SPR. Y, por supuesto, se contraería el tejido industrial y productivo del sector al bajar mucho más el precio real de los medicamentos. Entonces, ¿quién gana?
