| viernes, 21 de junio de 2013 h |

Si hay alguna norma no escrita sobre cuál debe ser la característica fundamental que mueve una modificación legislativa sería esta: si algo se cambia, debe ser para mejorar lo que había anteriormente. A la vista de esta idea, puede decirse que la reforma de la Ley de Garantías que ha pasado al Senado para continuar la transposición de las directivas de farmacovigilancia y medicamentos falsos es tan clara como el agua turbia.

La razón es obvia. Cuando algo no es ni blanco ni negro, sino todo lo contrario, el resultado final no puede ser más que gris. Leído, el proyecto podía parecer claro. Cuando lo explicaron la ministra Ana Mato y los diputados del Grupo Popular liderados por Manuel Cervera, parecía definitivamente blanco. Pero fue cuando María Jesús Montero hizo su aparición en escena cuando todo se volvió negro. Y de ahí vamos al gris.

A estas alturas, todo el sector sabe por experiencia que si a las comunidades autónomas les falta algo es dinero, pero que si de algo van sobradas es de imaginación y paciencia para buscar en las lagunas de la ley los resquicios necesarios para diseñar sus políticas farmacéuticas a la carta. Por eso hay que tomar muy en cuenta el anuncio de Montero a la hora de hacerse las preguntas que el proyecto de ley deja en el aire por el momento: ¿Acabará con las subastas? ¿Clarifica el encargo encomendado a la Aemps a quién compete la política sobre equivalentes terapéuticos? Preguntas sin respuesta, como la que ahora pende sobre las oficinas de farmacia. Entre cambio y cambio, las enmiendas y autoenmiendas del PP han pasado “de Málaga a Malagón” salvando las centrales de compra de hospitales pero poniendo el interrogante sobre la continuidad o la desaparición de las bonificaciones en las farmacias.

Que a estas alturas de la película el sector no sólo siga haciéndose las mismas preguntas sino que de regalo tenga que enfrentarse a alguna más debería hacer reflexionar sobre si así deben seguir haciéndose las cosas. Nadie niega el esfuerzo realizado para consensuar algunas enmiendas, pero abordar una norma tan compleja en un tiempo tan limitado no es que sea complicado. Es que es simplemente contraproducente.