Tengo una noticia buena y otra mala. No es difícil imaginarse al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, diciendo esta frase a los consejeros de Economía y Hacienda al inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Estado acepta avalar la deuda de las comunidades autónomas con los proveedores si estas, a su vez, se comprometen a ajustar sus gastos hasta un déficit máximo del 1,5 por ciento. La buena noticia para las autonomías lo es también para todo el sector, que aguarda esperanzado a leer la letra pequeña del procedimiento que articule los pagos. Pero esta solución, que podría ser definitiva para el problema de la deuda, lleva aparejada una mala aunque imprescindible decisión, la restricción de los presupuestos futuros de las comunidades autónomas. No es descabellado pensar que muchos de esos nuevos recortes tengan por objeto las prestaciones sanitarias dado que los propios consejeros de Economía señalaron que no quedaría más remedio que tocar lo que hasta ahora ha sido intocable: Sanidad y Educación.
No obstante, es discutible la afirmación de que sea imprescindible que gran parte del ajuste tenga que recaer sobre estos ámbitos. Ambas partidas, según los presupuestos de las comunidades autónomas para 2011 ascendieron a 95.207 millones de euros (un 54,5 por ciento del total). Quedan, por tanto otros 79.313 millones sobre los que se puede recortar del total de 174.520 millones del presupuesto autonómico. Y es que los recortes programados para este año, 15.600 millones (el 1,4 por ciento del PIB) resultan el 8,9 por ciento del gasto público de las comunidades autónomas lo que, visto así, no parece excesivo.
En cualquier caso, no deja de resultar llamativo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera haya adoptado esta decisión de hacer prescindibles algunos servicios sanitarios cuando una semana antes el Interterritorial, para asombro de muchos, obvió un asunto de tal gravedad. El Ministerio de Sanidad corre un serio peligro de legitimidad si no entra de manera absoluta en el debate. Ana Mato debe coger el toro por los cuernos y, si es necesario hacer recortes en Sanidad, debe tutelarlos para evitar daños irreparables e impedir que las diferencias entre comunidades autónomas, en vez de reducirse, se incrementen.
