| viernes, 02 de marzo de 2012 h |

De cara a la galería, el Consejo Interterritorial ha quedado más que salvado: sobre esa ‘hoja de ruta’ que han esbozado el Ministerio de Sanidad y las comunidades quedan muy bien los compromisos en materia de vacunas o de interoperabilidad de las tarjetas sanitarias. Pero de entre todos los asuntos, la creación de la Red de Agencias de Evaluación es la que más atención requiere, por su impacto decisivo sobre el sector farmacéutico. Al emitir opiniones sobre los nuevos medicamentos y sobre los ya incluidos en la financiación pública, sobre este organismo recaerá buena parte del peso del diseño de una nueva cartera de servicios. En este sentido, pedir que España creara un Hispa-NICE no era un capricho.

Al solicitar que se emulara la experiencia británica se estaba intentando asegurar, ni más ni menos, la independencia de la que goza el NICE como organismo independiente de la Administración pública. La opción española solo impulsa el trabajo en red de las agencias existentes, pero no hay que olvidar que se trata de instituciones que dependen directamente de la Administración. Es decir, será el pagador el que decida.

La declaración de intenciones de la ministra y los consejeros es clara: quieren un entramado de agencias que trabajen como una sola entidad, valorando los criterios de evidencia científica y eficiencia. Pero a nadie se le escapa que las presiones económicas a las que hoy se ven sometidas las comunidades autónomas y el Gobierno pueden ser demasiado tentadoras para tomar decisiones basadas más en el precio y menos en la efectividad.

La industria farmacéutica ya se ha quejado en alguna ocasión por decisiones tomadas en Comisiones de Farmacia autonómicas que para nada funcionan como un organismo único, sino como lo que en realidad son: múltiples generadores de decisiones sobre un mismo asunto.

Hasta qué punto estará por lo tanto garantizada la objetividad de esta iniciativa solo el tiempo lo dirá. Pero a nadie se le escapa la tarea titánica a la que se enfrenta, y que podría exigir tiempos mucho más rápidos, si además prospera la revisión de la Directiva de Transparencia.