A lo largo de los últimos años el Gobierno, el anterior, ha ninguneado la importancia jurídica que tenía la normativa sobre los precios de referencia. En un principio la regulación se efectuaba por orden ministerial e incluían diversos listados y anexos. Uno de los más importantes era el conocido como Anexo 6 sobre precios menores. Tanto la orden como los anexos eran dictaminados y publicados en el BOE. A partir de un determinado momento el Anexo 6 se convirtió en una anotación en el nomenclátor que se publicaría en la web del ministerio. Actualmente, toda la regulación sobre los precios menores se ‘cocina’ en la web sin otro control ni seguridad jurídica.
Y a partir de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2011 y, con el objetivo de acelerar los trámites de actualización de los precios de referencia, regulación pasó de ser por orden ministerial a ser considerado un acto administrativo ejecutable por resolución de la dirección general de Farmacia. Ante esta nueva situación procedimental, el Ministerio de Sanidad solicitó el 28 de octubre de 2011 al Consejo de Estado que determinara acerca de la preceptividad de la consulta a la institución de las modificaciones en el SPR. La respuesta del Consejo de Estado, que llegó el 21 de diciembre de 2011, ha sido clara y meridiana. Si la resolución toca normativa, se tiene que someter necesariamente a dictamen. Y entre las cuestiones que este organismo considera normativa está la fijación de un umbral para el precio de referencia superior a un euro.
Las prisas son, sin duda, las que han dado lugar a este grave error en la tramitación de las resoluciones. La llegada del nuevo Gobierno, el 22 de diciembre, las navidades y la obsesión, que no entendemos, de aprobar las resoluciones antes del 31 de diciembre han contribuido. Pero el fondo de la cuestión, además, de la nulidad de pleno derecho de las resoluciones, desde nuestro punto de vista, y si así se plantea en los recursos cuyo plazo finaliza el 29 de febrero, es que no se puede tratar un asunto de tanta importancia y repercusiones económicas con simples resoluciones administrativas. El PP manifestó que iba a poner un nuevo SPR en marcha. Esperemos que aprendan de este error y no admitan que las prisas acaben con la seguridad jurídica.
