Algo muy gordo debe estar pasando en las comunidades autónomas. Porque la oleada masiva de dosis de ingenio que ponen en progresivo jaque la equidad del sistema está a punto de dar un paso cualitativamente no visto en muchos años. Y todo por el empeño de mantener sin cambios estructurales un sistema objetivamente inviable, no ya a largo plazo, sino en nuestro aquí y ahora.
Hace unas semanas, Francisco Javier Álvarez Guisasola encendió el piloto rojo de la sostenibilidad sanitaria al presentar sus presupuestos para 2011. Si no se toman medidas urgentes, dijo, las consecuencias serán catastróficas y podrían verse muy pronto en alguna comunidad. Sus palabras cobran especial relevancia ante lo que está ocurriendo en el País Vasco, Cantabria, Galicia o Andalucía. ¿Cómo de cerca está la amenaza a la que aludió el consejero?
La respuesta a los interrogantes que se plantean parece obvia y se resume en tres palabras: no hay dinero. Este año las comunidades han recaudado menos vía impuestos, y han recibido menos dinero del que esperaban del nuevo modelo de financiación. Pero en 2011 la recaudación será menor. ¿Cómo conjugar esto con un SNS que consume más y más recursos?
Por más que se repite que el ahorro vía precios en el sector farmacéutico está agotado, las comunidades insisten en seguir por esta vía. La diferencia es que, con las últimas iniciativas impulsadas en Galicia o Andalucía, ahora atacan plenamente a los derechos de los usuarios.
Está plenamente aceptado que la farmacéutica es una prestación de mínimos. Si las comunidades quieren complementarla, seguramente tienen vías legales para hacerlo. Pero lo que no pueden hacer, de ninguna de las maneras, es reducir los mínimos en su región, pasando por el forro las leyes estatales y, por qué no decirlo, los derechos de los pacientes. ¿O no eran éstos el eje del sistema?
Como señala un experto en derecho farmacéutico, el cáncer está en una estructura del Estado de las Autonomías introducido en la Constitución y que no soporta más este país poblado de Quijotes.
