Las comunidades autónomas han tocado a rebato ante los apuros económicos por los que atraviesan y cada una de ellas ha decidido hacer la guerra por su cuenta. Al menos en lo que se refiere a sus políticas farmacéuticas que, como bien es sabido, forman parte de una sanidad que el Estado terminó de transferir a todas las comunidades autónomas en 2002. Una potestad que ahora utilizan como una herramienta de ahorro que, visto lo visto, puede poner en riesgo ese sistema sanitario universal, igualitario y equitativo del que disfrutamos en la actualidad.
El hecho de que en los últimos tiempos hayan proliferado distintas iniciativas autonómicas destinadas a aligerar su gasto farmacéutico ha puesto contra la espada y la pared a todos los agentes que forman parte de la comunidad del medicamento en España. Desde la patronal de la industria farmacéutica, que la semana pasada ejerció de ‘visitadora’ de la calle Génova para transmitir su preocupación acerca de este tema al líder de la oposición, Mariano Rajoy (con pataleta del PSOE incluida), además de algún que otro acercamiento particular por la madrileña calle Serrano 75, hasta la oficina de farmacia, pasando por la distribución.
En este sentido, el director general de Fedifar, la patronal de la distribución en nuestro país, Miguel Valdés, se ha mostrado tajante: si las comunidades autónomas siguen adoptando iniciativas (que agravan la situación por la que atraviesan todos y cada uno de los agentes del sector) por su cuenta, el necesario marco de cohesión y estabilidad en el que deben desempeñar su labor saltará por los aires, el mercado se fragmentará y, finalmente, repercutirá en la población.
Hay cosas con las que no se debe jugar, con las que se hace bueno el dicho que reza: “Los experimentos con gaseosa”. Y una de esas cosas es la sanidad y, por ende, la política farmacéutica. No es de recibo que haya 17 recetas diferentes para afrontar la reducción del gasto sanitario, aparte de una común que ya dio la ‘mordida’ correspondiente a través de, por ejemplo, los RDL 4/2010 y 8/2010. Pregunta: ¿qué función tiene el Consejo Interterritorial?
