Precio, sostenibilidad, valor, innovación… Estas palabras están en la mente de cualquier Sistema Nacional de Salud que se enfrenta a la llegada de un nuevo fármaco. La decisión radica en cuánto es justo pagar por los avances en términos sanitarios que acarrea la entrada en la financiación pública de una nueva terapia. Una pregunta para la que no existe una respuesta única pero sí una premisa que parece que va consolidando: debe ser una innovación disruptiva. El Panel de Expertos enmarcados en Salud de la Comisión Europea ha elaborado un informe donde trata de definir qué características deben acompañar a una terapia innovadora para ser considerada disruptiva y, entre ellas destacan el precio. “Despilfarro y valor están estrechamente relacionados. Cuando el primero es alto , el segundo es bajo y viceversa”, expone el informe.
Uno de los casos estudiados por el informe dentro de las innovaciones disruptivas que han aparecido últimamente lo protagonizan los nuevos medicamentos para la hepatitis C. El Panel de Expertos asegura que los fármacos que han llegado a la terapéutica son innovadores porque poseen una alta tasa de curación de la enfermedad y aportan un horizonte nuevo a los pacientes. Sin embargo, no concluyen que sean disruptivos debido a su precio. “Dado su alto precio, muchos pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento no pueden acceder a él”, aseguran, añadiendo que la disrupción “consistirá en permitir el acceso a todos los pacientes que lo necesitan poniendo un precio acorde al valor”, cuya cifra sería 300 euros, según indica el estudio.
Estas conclusiones, que ya aparecían en un informe preliminar del Panel de Expertos, fueron rebatidas por el director de Relaciones Gubernamentales de Gilead, Mark Davis, quien considera que las negociaciones mantenidas con los distintos estados por los dos medicamentos indicados para la hepatitis C de esta compañía (Sovaldi y Harvoni) han sido correctas. “No existen evidencias que respalden las conclusiones del informe. Por poner un ejemplo, Harvoni ha sido evaluado por el NICE y observó que era altamente rentable”, asegura Davis, quien ha observado que el Panel de Expertos no ha tenido en cuenta ninguna de sus alegaciones.
Junto a este argumento, el responsable de la compañía también aseguró que la política de Gilead ha consistido en negociar sus precios país por país dentro del mercado europeo, teniendo en cuenta la situación económica de cada nación, carga de la enfermedad y el compromiso del gobierno para hacer frente a la enfermedad. “Creemos que hemos asegurado un precio justo teniendo en cuenta las circunstancias para facilitar el acceso a la innovación”, explica Davis.
Junto a las críticas de Gilead, desde Roche también se ha señalado que en el informe echan en falta una apuesta clara por incentivar la innovación. “Creemos que las políticas que tienen como objetivo facilitar la innovación disruptiva también deben centrarse debidamente en la habilitación y la incentivación de la innovación en general”, señalan desde la compañía suiza.
Para que la innovación disruptiva llegue por igual a los ciudadanos, la responsabilidad de los políticos sanitarios es capital. Uno de los expertos responsables del informe de la Comisión Europea, Fernando Lamata, concluye que “los políticos sanitarios tienen que analizar cómo reforzar los elementos facilitadores y cómo superar las barreras para implementar las innovaciones disruptivas positivas (formación, legislación, recursos iniciales, etc.)”. Para ello, se necesitan modelos de gestión de la innovación, que incluyan un potente sistema de evaluación y monitorización. “En España (y en la mayoría de países europeos) no están definidas con claridad estructuras de gestión de la innovación disruptiva”, dice Lamata. Además, avisa de que si son las comunidades autónomas las responsables de realizar la monitorización, “sería deseable la cooperación y la coordinación eficaces”.