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Madrid
A pesar de lo que se acordó en el Interterritorial, el destino finalista de los 8.000 millones de euros anunciados para los presupuestos generales de 2012 no se trató en el orden del día del Consejo de Política Fiscal. La reunión de la ministra de Economía, Elena Salgado, y los consejeros autonómicos del ramo se saldó con un compromiso de las comunidades para llevar a sus parlamentos una regla de gasto en el próximo semestre y con un acuerdo que permitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiar la mitad de las devoluciones que las comunidades autónomas deberán abonar al Estado en 2012. Esto aportará a las comunidades un colchón de 2.500 millones que irá a pagar a los proveedores.
A pesar de todo, la reunión se celebró con la sanidad como telón de fondo. Días antes, los presidentes autonómicos del PP firmaron una declaración que abogaba, entre otras cosas, por reducir la administración paralela y recordar al Gobierno que cumpla sus obligaciones en la financiación de la Ley de Dependencia y a acometer un programa de reequilibrio financiero para el SNS. Más allá, algunas comunidades iban con la idea de poner sobre la mesa la sanidad y la dependencia. Galicia acudía, de hecho, apoyando la creación de “una pieza” separada para sanidad para analizar la financiación de este servicio.
Al término del Consejo de Política Fiscal, el destino de los 8.000 millones del ex vicepresidente primero del Gobierno y ahora candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, es más incierto que nunca, sobre todo después de que el Gobierno catalán no contemple la idea de que ese dinero vaya ir a parar a Sanidad. “Irán para cubrir déficit”, manifestó su portavoz, Francesc Homs.
Los acuerdos no han servido para calmar los ánimos de algunas autonomías del PP, que ahora amenazan con devolver competencias, más allá de la de Justicia. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado durante su participación en los Cursos de Verano de El Escorial que el propósito de su Ejecutivo es seguir haciéndose cargo de la política sanitaria, pero ha advertido de que si Murcia no recibe la financiación suficiente no dudará en renunciar a dichas competencias. “Antes que la quiebra; al Estado, y que se haga cargo”, dijo.
