| martes, 02 de julio de 2013 h |

El secretario de Estado de Comercio de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, Jaime García-Legaz, ha defendido las ventajas de la próxima publicación de la Ley de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público que, entre otras cosas, obligará al pago de facturas a proveedores en un plazo máximo de 30 días, ya que “las Administraciones Públicas no pueden suponer un problema de financiación para las Pymes, como son las farmacias”.

Durante su intervención, este martes 2 de junio, en la presentación de un convenio de colaboración entre el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), García-Legaz ha recordado que el objetivo de esta próxima normativa es acabar con la latente morosidad de algunas Administraciones Públicas con sus proveedores, un problema que conocen de primera mano muchas boticas nacionales en lo que respecta al cobro de sus facturas farmacéuticas. Para el secretario de Estado de Comercio, “las Administraciones no tienen la misión de ser una fuente de problemas financieros para las pequeñas y medianas empresas, por lo que es importante, tanto para las farmacias como otros negocios, que paguen a 30 días”.

Por su parte, Carmen Peña, presidenta del CGCOF, ha indicado en este mismo acto que “espera” que gracias a esta futura medida “todos los farmacéuticos puedan ser remunerados en tiempo y forma”. Este parecer ha sido refrendado por Lorenzo Amor, presidente de ATA y otro de los intervinientes en este acto, quien ha destacado que esta próxima ley “impedirá que las facturas viajen de despacho en despacho sirviendo esto como excusa para alargar los tiempos de pago”. En el futuro, “una vez que se registre la factura habrá 30 días para pagarla, pase por donde pase”, ha asegurado Amor.