Las comunidades autónomas pueden estar actuando en el margen de sus competencias

al intentar mejorar el uso de los fármacos. Pero, al hacerlo, deben hacerse varias preguntas

| 2010-10-15T16:30:00+02:00 h |

Usted! Sí, usted. ¿Es una comunidad autónoma con ‘michelines’ en su factura farmacéutica? ¿No sabe cómo atajar esos molestos problemas presupuestarios? ¡No lo dude y ponga ahora mismo en marcha su plan de uso racional del medicamento! Porque, por si no lo sabe, el uso racional está de moda. Se practica en todas partes y lo bueno es que no necesita imitar a nadie.

A la vista está. Si lo que quiere es hacer un catálogo propio en base al nomenclátor del Ministerio de Sanidad, cite a la Ley de Garantías, como lo hace el Grupo Popular en la exposición de motivos de la iniciativa que ha admitido a trámite el Parlamento gallego. Si, en cambio, prefiere usted crear un Programa de Armonización Farmacoterapéutica de la Medicación Hospitalaria, como el del CatSalut, entonces puede recurrir a la OMS. Y si a alguien se le ocurre acusarle de estar poniendo en marcha medidas economicistas, tal vez pueda acudir al diccionario de la RAE para despejar dudas, porque ahí, según la Comunidad Valenciana, ese término forma parte de la definición del ‘uso racional de los medicamentos’…

Afortunadamente, no se trata éste de ningún infocomercial de la TDT. Pero tal vez esta comparación un tanto grotesca sirva para hacer reflexionar sobre una realidad en continuo aumento. En efecto, las comunidades autónomas pueden estar actuando en el margen de sus competencias al intentar mejorar el uso de los fármacos. Pero, al hacerlo, deben hacerse varias preguntas. ¿Hasta qué punto la iniciativa gallega, de prosperar, puede romper el principio de equidad a las prestaciones básicas? ¿Hasta qué punto puede hacerlo la proliferación de comisiones de armonización? Si realmente ahora se está haciendo énfasis en el uso racional… ¿qué se ha hecho hasta ahora?

Habría que preguntarle a María Moliner, pero nadie, ni la RAE, ni la OMS, ni la Ley de Garantías, contempla entre su definición de uso racional nada que haga referencia a la fragmentación del mercado farmacéutico y a las progresivas interferencias contra un sector que es clave para atajar la grave crisis tras la que se esconden, precisamente, las iniciativas autonómicas.