Alberto Cornejo Madrid | viernes, 20 de febrero de 2015 h |

“No tiene mucho sentido y habrá que revisarlo”. Estas manifestaciones realizadas recientemente por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, respecto al copago hospitalario significaban la ‘sentencia’ a una medida que ni desde su inicial entrada en vigor el 1 de octubre de 2013 ni tras su posterior aplazamiento al 1 de enero de 2014 ha sido aplicada por ninguna comunidad autónoma (excepto Ceuta y Melilla), a pesar de su —ley en mano— obligado cumplimiento. Las palabras de Alonso no solo significaron el epílogo a la crónica de una muerte anunciada sino la ‘absolución’ de facto de las regiones rebeldes.

No solo el copago hospitalario tira por tierra el tópico de que “la ley está para cumplirse”. Existen muchas otras normativas cuyo cumplimiento, total o parcial, ha sido obviado con la connivencia de sus reguladores y sin acarrear consecuencias en los incumplidores (sean administraciones, entidades o profesionales). Algunas de ellas han ido ‘muriendo’ por sí solas al revelarse ineficaces o, directamente, eran cantos al sol. Situaciones que confirman la existencia de una ‘ley del olvido’ en la sanidad española.

Gasto farmacéutico hospitalario

En el ámbito hospitalario, el “donde dije digo, digo Diego” no solo afecta al copago implantado por la ex ministra Ana Mato. También la publicación de los datos de gasto farmacéutico hospitalario.

Por ejemplo, el Real Decreto 16/2012 ya señalaba la “necesidad” de publicitar esta información y el posterior Plan Estadístico Nacional 2013-2016 del Ministerio de Hacienda recogía la publicación de los datos agregados de consumo en Farmacia Hospitalaria. El primer Programa anual (2013) elaborado a partir de este plan mencionaba expresamente que “los servicios de Salud de todas las comunidades autónomas remitirán a la dirección general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia la información de compras de medicamentos (…) así como el gasto compra total de cada comunidad”. Las previsiones pasaban porque la publicación de estas cifras tuviese carácter trimestral y anual. Poco duraron las intenciones, al ‘desaparecer’ en el siguiente programa anual, el de 2014.

El siguiente impulso hacia la transparencia de este gasto también va camino de hacer ‘mutis por el foro’, aunque en este caso sí tenga cuerpo legal. El Real Decreto 177/2014 de Precios de Referencia retomaba dicha obligación de que las autonomías remitan sus cifras de gasto farmacéutico hospitalario, y añadía que el ministerio “contará con un sistema informatizado que permitirá conocer la evolución del consumo de medicamentos en centros hospitalarios (…) y a cuya información podrán tener acceso las administraciones públicas”. Actualmente, esta información sigue siendo uno de los principales misterios de la sanidad española.

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, manifiesta a EG que “es evidente que se ha incumplido el objetivo y es exigible que el Gobierno resuelva esta cuestión”. Para el diputado socialista y ex secretario general de Sanidad, la publicación de las cifras de gasto farmacéutico hospitalario “sería muy útil para la planificación de una adecuada política farmacéutica”. También desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria se ha reclamado con insistencia una mayor transparencia al respecto, recordando que “desde hace muchos años” los hospitales envían estos datos (qué se consume, dónde, cuánto) a las administraciones locales.

Precisamente, esta sociedad ha sido la encargada de denunciar otro incumplimiento de una normativa, sin consecuencias hasta la fecha. En este caso, del Real Decreto-ley 16/2012, en lo que respecta a la obligatoriedad de que todos los centros socio-sanitarios con cien o más plazas dispongan de un servicio de Farmacia Hospitalaria o un depósito de medicamentos dependiente de su hospital de referencia. Según esta sociedad, hasta siete regiones (Madrid, Cataluña, Extremadura, País Vasco, Cantabria, Asturias y Andalucía) siguen haciendo caso omiso a esta cuestión.

¿Qué fue de la unidosis?

Cuatro años acaban de cumplirse desde que el 15 de febrero de 2011, quien por entonces era ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunciaba que las primeras dosis unitarias de paracetamol e ibuprofeno serían dispensadas en las oficinas de farmacia “a partir de abril”. Este nuevo patrón prescriptivo para racionalizar el gasto —articulado vía Real Decreto-ley 4/2010— ha acabado siendo sepultado progresivamente por la realidad.

¿Cuál es esa realidad? Las oficinas de farmacia no han tenido constancia alguna en estos cuatro años de las monodosis, hasta el punto de que encontrar un establecimiento que las haya dispensado es casi misión imposible. En ningún caso de forma habitual. Así lo corrobora Enrique Granda, director del Observatorio del Medicamento de la patronal FEFE. “La unidosis no existe en el día a día de las boticas; no recuerdo haber recibido en mi farmacia ni una sola de estas prescripciones”. A su juicio, no puede calificarse de sorpresa que la iniciativa haya fracasado. “En España, la adecuación de los envases ya está muy ajustada, además que los precios bajos que tienen los medicamentos y el coste que supone el acondicionamiento de una única dosis reduce a la nada los posibles ahorros de la medida”, expone Granda.

Facturas ‘sombra’, ayudas VEC…

No solo hay que achacar a la Administración central que ciertas obligaciones que dictan las leyes se hayan quedado en un ‘olvido’ más o menos intencionado. También se puede dirigir la mirada al ámbito autonómico, donde, incluso, parte de lo dictado en mismo decreto ley se ejecuta contra viento y marea y, por contra, otras de sus páginas parecen no haber sido leídas.

Así ocurre en Andalucía desde el 13 de diciembre de 2011 con su Decreto ley 3/2011, el mismo que recoge las subastas de medicamentos. En él también se obligaba a que, en adelante, sus oficinas de farmacia añadiesen al final del recibo a entregar al paciente la leyenda: “la diferencia entre el importe del medicamento o producto sanitario dispensado y lo que usted ha pagado es financiado por el Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de los impuestos de los ciudadanos”. Para rizar el rizo, el texto recordaba que esta información debía ir “en negrita”.

La ‘factura sombra’ no duró mucho en estos establecimientos. Si bien José Luis Márquez, presidente de la patronal farmacéutica andaluza Ceofa, confirma que “al comienzo” si se emitieron ‘facturas sombra’, reconoce que no es una práctica que se haga en la actualidad, como confirman más titulares a EG. No ha habido sanciones ni recordatorios por parte del SES. Tampoco supresión expresa del artículo. Administración y farmacias parecen estar de acuerdo en tener las facturas sombra ‘en barbecho’.

Por contra, otro incumplimiento parcial de este decreto si ha generado el malestar en la profesión farmacéutica, en especial de un colectivo. Más de tres años después de su publicación, la Junta de Andalucía sigue sin revertir en las farmacias rurales el 10 por ciento de los ahorros cosechados por las subastas, como así estipulaba esta norma. Ni un 10 por ciento… Ni un solo euro, a lo que se une que siguen sin desarrollarse en esta región las compensaciones económicas a las boticas en situación de viabilidad económica comprometida (VEC). Tampoco en Murcia y Asturias.

En el caso de las ‘ayudas VEC’, el Gobierno central es señalado como cómplice de la desidia de las regiones que, más de mil días después del Real Decreto-ley 9/2011, aún no aplican un índice corrector a este tipo de farmacias. El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), Javier Guerrero, así lo ve: “deduzco que existen medios (legales y judiciales) a disposición del ministerio y, lamentablemente, este asunto no les ha merecido la suficiente importancia”.