| viernes, 08 de abril de 2016 h |

Aclarada la condicionalidad aprobada por la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos para las comunidades autónomas acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico de 2016. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ratificó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar la desviación del déficit público y las medidas correctoras para las comunidades autónomas que no se aplicará el carácter voluntario previsto en el artículo 113 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, como consecuencia de la reforma de la Lofca.

Hubo pocos cambios en la información de Hacienda. El más relevante, que el cierre del déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2015 se reduce al 5 por ciento del PIB, frente al 5,16 por ciento publicado en un inicio, por cambios derivados ante el uso del espacio radioeléctrico. Pero ello no afecta a la condicionalidad de las regiones FLA. Esta condicionalidad se resume, en primer lugar, en que Hacienda exigirá la adhesión del instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las comunidades autónomas. Además, añadió el ministro, “este acuerdo debe detallar las medidas de la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario que la comunidad autónoma adherida a este instrumento tendrá que aplicar obligatoriamente si incumple el límite de gasto sanitario”.

La segunda condición es la adhesión al protocolo de Farmaindustria“y a otros posibles protocolos que la Administración acuerde con el sector. “Haremos obligatorio el establecimiento de un techo de gasto en el gasto farmacéutico que hace que las innovaciones farmacológicas puedan introducirse en ese techo de gasto. Esto es muy importante para que los pacientes de la sanidad pública tengan garantizado el acceso a las últimas generaciones de medicamentos”, comunicó Montoro.

El plan de ajuste que Hacienda exige en respuesta al desvío de los objetivos de déficit de 2015 ya ha dado sus primeros pasos. La semana pasada, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, comunicó por carta a Aragón y Extremadura que el Ministerio iniciaba con ellas el procedimiento de retención de recursos del sistema de financiación por los retrasos que acumulan en el pago a proveedores, fundamentalmente sanitarios. Asimismo, Beteta puso en alerta a Baleares, la mantuvo en el caso de la Comunidad Valenciana y avisó a otras ocho comunidades autónomas de la obligación de adoptar medidas para que cumplan con los plazos previtos en la ley antimorosidad de las administraciones públicas.

Un día después, doce comunidades recibieron otra carta, ésta firmada por Montoro, exigiendo la congelación del gasto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de crédito y la elaboración de planes económico-financieros. En la valoración y adecuación de estos planes no sólo participará el Ministerio; también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Con objeto de intentar resolver parte de las ineficiencias del sistema, el Consejo de Ministros dio el viernes el visto bueno a la creación de un comité de expertos para reformar el sistema de financiación autonómica.