Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner | jueves, 11 de octubre de 2012 h |

Aeds celebra su Congreso Nacional de Derecho Sanitario del 18 al 20 de octubre en Madrid

Esta semana tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva edición del ya tradicional Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que tendrá lugar del 18 al 20 de octubre en Madrid. Una cita que considero ineludible para todos los profesionales del sector que, bajo la siempre eficaz dirección de un profesional de la talla de Ricardo de Lorenzo, viene organizando desde hace ya dos décadas la Asociación Española de Derecho Sanitario (Aeds).

El programa, desde luego, no tiene desperdicio. Como es de rigor, abordará asuntos de tan rabiosa actualidad como la reciente reforma de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y su impacto en los diferentes agentes del sistema y en los propios pacientes, la futura ley de servicios profesionales, las novedades en materia de mediación civil en el sector, o el papel de la e-salud y la incorporación de las tecnologías innovadoras en la nueva Sanidad.

Entre estos y muchos otros asuntos, especial atención merece un tema de enorme trascendencia para el paciente. Me refiero al alarmante incremento del uso de medicamentos que no han sido evaluados ni aprobados para el tratamiento de ciertas patologías, pero cuyo precio inferior al producto autorizado supone una tentación a la hora de intentar obtener ahorros en un sistema siempre necesitado de fondos. La coyuntura económica desfavorable, qué duda cabe, obliga a nuestros gestores públicos a aguzar el ingenio para exprimir al máximo sus dotaciones presupuestarias. Pero lo cierto es que el recurso creciente a este tipo de prácticas irregulares resulta muy preocupante.

En primer lugar, por razones elementales de seguridad jurídica y de respeto a las reglas del juego. Pienso que este tipo de prácticas entra en conflicto directo con las normas que regulan el uso off-label de medicamentos. Normas, estas, que prohíben taxativamente recurrir a un medicamento no indicado cuando ya existan alternativas específicamente autorizadas para la patología que se pretende tratar. Convendría recordar a este respecto que los gestores públicos también están sometidos al imperio de la ley, y que el acatamiento de la legalidad vigente por parte de los poderes públicos constituye la columna vertebral de todo Estado de derecho.

Pero, asimismo, más importante todavía, porque estas normas no se han establecido de forma arbitraria ni, desde luego, para beneficio de supuestos intereses espurios. Las leyes suelen tener siempre una buena razón de ser, y en este caso el legislador no ha pretendido sino proteger al paciente de prácticas que, por buenas que puedan ser las intenciones de sus impulsores, suponen al fin y a la postre someter al paciente a un tratamiento en condiciones cuasi experimentales.

Como han venido a recordar nuestros tribunales cuando han tenido que ventilar casos de estas características, la seguridad del paciente debe primar sobre cualquier otra consideración. Y la obtención de ahorros, muy necesaria por otra parte, debe canalizarse a través de los mecanismos y vías que nuestro ordenamiento jurídico permite. En este sentido, pienso que no deja de ser irónico que los límites que se ha considerado imprescindible trazar, para evitar que desde la industria se promocionase un uso inadecuado de sus productos, se pretendan incumplir ahora por parte de algunas administraciones por razones que, con independencia de la bondad del objetivo perseguido, no justifican que se juegue con la salud del contribuyente.

@FausJordi en Twitter