La crisis no es una patente de corso
para saltarse a la torera la legalidad vigente
Juan Suárez es abogado de Faus & Moliner
Andamos escasos de noticias con el comienzo del nuevo curso. La guía sobre publicidad dirigida al público que acaba de sacar el ministerio, las nuevas directrices de la Aemps para el procedimiento de evaluación fast-track y para la elección de nombre del medicamento, o incluso el proyecto de modificación de la normativa de ensayos, han quedado totalmente eclipsadas por la aprobación del nuevo RDL 9/2001 para la mejora de la calidad y cohesión del SNS. No es de extrañar que este nuevo paquete de medidas haya acaparado toda la atención del sector, ya que no estamos solamente ante la enésima vuelta de tuerca a una industria que, a pesar de las promesas recibidas desde el Gobierno, sigue siendo vapuleado día sí y día también a cuenta de la crisis. Y es que el nuevo RDL supone un cambio de paradigma en el sistema de financiación de fármacos y productos sanitarios tal como lo hemos conocido hasta el momento y, por desgracia, viene a certificar la inoperatividad de la actual directiva de transparencia. La medida supone la exclusión de facto de la financiación con fondos públicos de todas las presentaciones de cada grupo, con excepción de aquellas con el precio menor. Y su aprobación mediante el procedimiento de urgencia difícilmente puede conciliarse con el mandato de la directiva de que toda medida de este tipo deberá basarse en criterios objetivos y comprobables y otorgar a los laboratorios afectados la posibilidad de recurrirla ante las instancias oportunas.
No obstante, no puede dejar de reconocerse que esta nueva iniciativa también presenta algunos aspectos positivos. La supresión de la discriminación del medicamento de marca frente al genérico, que carecía de todo sentido en el nuevo escenario que se ha diseñado en los últimos años es uno de ellos, aunque no el más importante. Como apunta la exposición de motivos, pese a la contención del gasto obtenida a través del ajuste aplicado mediante los RDL 4/2010 y 8/2010, la mayoría de las autonomías se habían lanzado a una espiral de medidas adicionales en un intento desesperado de equilibrar el déficit generado por una gestión nefasta de las cuentas públicas. Medidas éstas que, como el Gobierno reconoce, atentaban directamente contra la equidad del SNS y contra el orden constitucional de distribución de competencias. El nuevo RDL pretende poner fin a esta peligrosa deriva, involucrando directamente a las comunidades en el proceso de selección para la financiación, y proporcionando ahorros adicionales a los gestores autonómicos de forma que puedan garantizar la sostenibilidad de la prestación sanitaria en sus respectivos territorios. Se trata de un pacto institucional entre la Administración central y las diferentes administraciones autonómicas que, esperemos, ponga punto final a aventuras de más que dudoso encaje legal como el cataloguiño, los obstáculos injustificados a la dispensación de ciertos productos, o el recurso sistemático por razones exclusivamente economicistas a medicamentos cuya eficacia y seguridad ni siquiera han sido adecuadamente testados en la indicación terapéutica en que pretende usarse.
Esta vuelta al orden no solamente es necesaria para garantizar la equidad del sistema y evitar discriminaciones por razón del lugar de residencia del paciente, sino que es vital para generar la confianza y credibilidad imprescindibles para que se mantengan las inversiones de las que tan necesitados estamos. Confiemos en que este nuevo esfuerzo que se exige del sector sirva al menos para conducirnos a un escenario en el que la industria pueda desarrollara su labor con un mínimo de tranquilidad y seguridad jurídica. La crisis no es una patente de corso para saltarse a la torera la legalidad vigente, y en ausencia del imperio de la ley todos saldremos perdiendo a largo plazo.
